El escándalo por la Escuela 7160 sigue creciendo: aparecen familiares de dirigentes gremiales y personas vinculadas a la propia cartera.
La historia de la Escuela 7160 sigue agregando nombres y, con ellos, nuevas preguntas para el Ministerio de Educación. Después de que una planilla oficial revelara más de 300 cargos interinos vinculados a esa institución, la docente Celia Alancay volvió a señalar que entre los designados aparecen personas vinculadas con funcionarios, dirigentes políticos y referentes del sindicalismo docente.
Pero ahora la denuncia incorpora un dato todavía más sensible. Según Alancay, entre los nombres que figuran en la documentación aparece Antonio Benítez, quien estaría vinculado a Celia Alancay y, de acuerdo con su denuncia, tendría además una función administrativa como liquidador dentro del Ministerio de Educación. La docente sostiene que su nombre aparece también como parte de un pedido atribuido a Alejandro Williams Becker, secretario de Gestión Educativa.
El punto que deberá determinar la investigación, que está en manos de la fiscal Ana Inés Salinas Odorissio, de la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, es si existe efectivamente una doble percepción de haberes y bajo qué modalidad se produjo.
Alancay sostiene que se trataría de un caso de “sobresueldo”, ya que la persona tendría una remuneración como administrativo y, al mismo tiempo, otra designación vinculada con la Escuela 7160. Por ahora, se trata de un señalamiento formulado por la denunciante y deberá ser contrastado con los registros oficiales de personal y liquidaciones.
La lista tampoco se limitaría a funcionarios o personas vinculadas directamente con la estructura del Gobierno. La docente aseguró que encontró apellidos conocidos dentro del ámbito sindical y apuntó particularmente contra dirigentes y familiares relacionados con la Asociación Docente Provincial (ADP), el gremio mayoritario de la provincia y cuyos referentes también tienen participación en la Junta Calificadora de Méritos.
“En el listado figuran familiares de Karina Wayar, de López, entre muchos otros”, denunció Alancay al referirse a los nombres que, según afirmó, aparecen en la documentación. La docente fue todavía más allá al cuestionar el papel de las organizaciones sindicales: “Los gremios no nos representan a la docente, porque después acuerdan con el Gobierno a cambio de estas designaciones”, sostuvo.
El señalamiento vuelve a colocar el foco sobre una pregunta que atraviesa toda la denuncia: si la Escuela 7160 tenía una estructura real capaz de sostener semejante cantidad de cargos, ¿por qué aparecen en la documentación personas relacionadas con funcionarios y sectores gremiales?
Y si los cargos fueron utilizados transitoriamente para luego ser reasignados, como sostiene el Ministerio, habrá que explicar cómo se produjeron esas designaciones y quiénes intervinieron en cada una.
Ahora, si la documentación aportada por Alancay confirma los nuevos señalamientos, el expediente tendrá que mirar algo más que la existencia o no de una escuela. Deberá reconstruir quiénes fueron designados, quién pidió cada nombramiento, quién autorizó las altas, cuánto dinero se pagó y qué relación existía entre esas personas y quienes tenían capacidad de decisión dentro del sistema educativo.