El gobernador dispuso postular a Fabián Vittar para darle continuidad en el máximo tribunal. Se trata de uno de los jueces que firmó la condena a perpetua de Santos Clemente Vera, condenado sin pruebas ni certezas y de forma ilegal e improcedente. ¿Es Salta una provincia democrática y republicana?
El gobernador Gustavo Sáenz volvió a optar por la continuidad de otro juez de Corte, como había hecho previamente con la postulación de Teresa Ovejero, María Gauffín, Adriana Rodríguez de López Mirau y Pablo López Viñals.
De este modo, Sáenz terminará su Gobierno en diciembre del año próximo, con la totalidad de la Corte de Justicia -nueve integrantes- designados por él, ya sea en carácter de renovación (pese a que lo prohíbe la reformada Constitución) o por primera vez.
Ante el próximo vencimiento del mandato de Sergio Fabian Vittar, el gobernador emitió el decreto 682 /26 mediante el que instruye al ministerio de Gobierno y Justicia, a iniciar el proceso previo a la designación de Vittar a partir del acuerdo del Senado provincial.
Vittar llegó a la Corte de Justicia desde hace 18 años, habiendo sido postulado por el exgobernador Urtubey durante su primer año de Gobierno. Seis años más tarde, se le renovó la designación en 2014 y en 2020, Sáenz volvió a postularlo.
A partir de la reforma constitucional de 2021, su nuevo mandato será por un plazo de diez años, con lo que acumulará un tiempo récord en la cúpula del Poder Judicial de Salta.
INCONSTITUCIONALIDAD A FAVOR PROPIO
La defensora pública jubilada, Natalia Buira, fijó una postura respecto a la decisión del gobernador y dijo que la misma “es tan inconstitucional como fueron los nombramientos de Teresa Ovejero, Pablo López Viñals, Alejandra Gauffín Adríana Rodríguez de López Mirau, y ahora Vittar”.
“La constitución reformada en el 2021, a instancias de Sáenz, postula que los jueces van a durar diez años en su cargo, no pudiendo ser renovados, Vittar lleva 18 años como juez de Corte y ha superado ampliamente lo que fija la Constitución a partir de 2021”, planteó.
Además, la letrada señaló que “todo esto es lo que Sáenz viene haciendo para poder ser re-reelegido para un tercer mandato consecutivo pese a que la Constitución provincial lo prohíbe expresamente”.
“Creo que no hay instituciones independientes en Salta, no es una democracia, no hay control judicial de ningún acto del Poder Ejecutivo, siendo que la Constitución lo prohíbe expresamente. No hay instituciones independientes en Salta, esto no es una democracia porque no existe control, es todo manejado por el gobernador Sáenz, el proceso participativo es un ‘blef’ o un ‘pour la galerie’, porque a pesar de las objeciones e impugnaciones, el gobernador lo mismo realiza la designación, contando con el aval del Senado, que es un Cuerpo obsecuente”, añadió.
ANTEDENTE RECIENTE
Buira indicó que el proceder antidemocrático del gobernador también quedó demostrado con el nombramiento de Ada Zunino como Defensora General, a pesar que la Asociación de Defensores Públicos de la República Argentina se opuso y dirigió una carta al gobernador, pero no le importó.
“Están violando la Constitución nuevamente. Además de los cinco jueces de Corte que Sáenz ha renovado, junto a los cuatro que nombró, tiene una Corte totalmente nombrada por él, totalmente adepta y sumisa y si se suma a los nombramientos en el Ministerio Público, tiene absolutamente de rodillas al Poder Judicial y al Ministerio Público”, remarcó Buira.