Un operativo desmedido, vínculos incómodos y familias diaguitas arrojadas a la intemperie. En Cachi, la Justicia volvió a mostrar de qué lado está cuando los intereses pesan más que los derechos.
El viernes pasado, la jueza María Fernanda Diez Barrantes, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 5, ordenó el desalojo de seis familias diaguitas en la zona de Las Pailas, en Cachi. La decisión avanzó pese a las presentaciones realizadas por el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), la Subsecretaría de Asuntos Indígenas, la senaduría provincial y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que advertían sobre la situación de las comunidades y sus derechos ancestrales.
Lo que siguió fue un operativo que dejó más preguntas que respuestas. Más de 500 efectivos participaron de un despliegue que, según denuncian los propios afectados, excedió ampliamente los límites de la orden judicial. El desalojo no solo alcanzó a las familias involucradas en el litigio, sino también a otras que no formaban parte del conflicto, ampliando de hecho una medida que ya era cuestionada.
Pero el trasfondo no se agota en el procedimiento. Según pudo conocerse, existirían vínculos personales y familiares entre la jueza Diez Barrantes y Florencia Wayar, funcionaria del Ministerio Público Fiscal de Salta y familiar del exsenador y exvicegobernador Walter Wayar. La cercanía entre actores judiciales y políticos vuelve a encender alarmas en un caso donde los intereses en juego parecen ir mucho más allá de un expediente.
La escena que dejó el operativo es difícil de maquillar: familias enteras, con niños y ancianos, quedaron a la intemperie, viendo cómo sus pertenencias eran removidas y sus animales dispersados. No es la primera vez que comunidades originarias denuncian el avance de intereses económicos sobre sus territorios con aval judicial. Tampoco es la primera vez que la respuesta estatal llega en forma de fuerza.
“Es un atropello hacia nuestras personas, hacia nuestra tierra ancestral. Los policías vinieron a la mañana y ya no se pudo hacer nada. No hubo diálogo ni nada. Es ilegal lo que ellos hicieron”, relató una de las mujeres desalojadas, todavía conmocionada por lo ocurrido.
“Estamos muy mal porque estas son nuestras raíces. Nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos nacieron y crecieron en este lugar. No es justo lo que hicieron, es muy doloroso. Nunca pensé que alguien podía llegar a hacernos esto. Nos dejaron todas nuestras cosas tiradas por todos lados y a nuestros animales los dejaron por distintos lugares”, agregó.
En Las Pailas, lo que quedó al descubierto no es solo un conflicto por tierras. Es, otra vez, el entramado donde la Justicia, la política y los intereses económicos se cruzan, y donde los que siempre pierden ya no tienen margen para seguir retrocediendo.
Violento desalojo en Cachi | Repudian a la justicia y a la policía de Sáenz