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jueves, marzo 28, 2024

Advierten que la Justicia quiere archivar la causa por la construcción de 97 edificios

María Elena Jimenez, de la fundación Red Sol, que desde el año 2009 inició una causa contra más de 20 funcionarios públicos por la construcción de edificios que no cumplían con las normas establecidas, sobre todo, violando aspectos como la cantidad de pisos permitidos. Hoy la causa está por ser archivada, sin que se haya juzgado a ninguno de los funcionarios. En dialogo con Opinorte Jimenez dijo: “En Salta no hay planificación urbana y se está destruyendo la ciudad”.

En el año 2007, la fundación Red Sol, que lleva adelante denuncias de orden civil, comenzó una investigación sobre una serie de irregularidades en la construcción de edificios de orden privado, concentrados sobre todo en centro y macrocentro de la ciudad. La investigación fue motivada por la gran cantidad de construcciones que empezaban a verse, y sobre todo, por la llamativa cantidad de pisos que se planificaba que tendrían. De dicha investigación que luego derivó en denuncia, se constató que no se cumplía con el Código de Planeamiento Urbano: no estaba permitido autorizar edificios de más de ocho pisos, y las construcciones, dado la zona geográfica, deben ser antisísmicas. Ninguno de esos elementos se respetó, por lo que la Fundación Red Sol accionó contra los funcionarios que dieron el visto bueno para que esas construcciones sigan en marcha y, en muchos casos, lleguen a concretarse.

María Elena Jímenez, presidente de la fundación Red Sol Salta, aseguró que tras nueve años, la Justicia quiere archivar la causa por la construcción de 97 edificios, porque los 20 exfuncionarios isistas ya no están en ejercicio de sus funciones. Entre esos funcionarios se encuentran Guido Giacosa, Gustavo Adolfo Rodríguez, Oscar Alberto Redondo, Carlos Alberto Cesano, José Luis García, Laura Susana García, Laura Norma Lanfrasconi, Andrés Flandoffer Nallar, Víctor Marcelo Amado, José Erasmo Pistán, Gustavo Van Cauwlert, Manuel Herrando, Matías MIguenz, Martín Laureano, Daniel Alonso Crespo, Roberto Chorolque, Miriam Viana y otros.

Consultada por Opinorte, Jimenez aseguró que “los funcionarios están pidiendo informes para asegurar la prescripción de la causa. Los jueces tardaron diez años para investigar cuarenta edificios, lo que quiere decir que deberemos esperar otros diez años más para que se avance con la totalidad”, mostrando la lentitud del proceso, y la impunidad con la que pareciera que van a salir los involucrados en la causa.

Además, Jímenez se mostró desesperanzada respecto al resultado del proceso, ya que consideró que “los funcionarios van a seguir haciendo sus negocios”.

La causa involucra no sólo a los exfuncionarios municipales, sino a autoridades del  COPAIPA y del Colegio de Arquitectos, que según la denuncia de la fundación, también fueron responsables de haber autorizado las construcciones ilegales. En ese sentido, duramente la presidenta rezó que “la seguridad pública les importa un pito”.

Cada día es más palpable ver que las construcciones en el casco céntrico aumentaron y que hay una cantidad innumerable de edificios que están en construcción, sin que pareciese mediar control alguno. En ese sentido, María Elena Jímenez sentenció que también debería haber controles no sólo por parte de los organismos municipales, sino también por parte de AFIP, que debería fiscalizar el origen de los fondos utilizados para la construcción.

Indicó que  la vida en las ciudades se está haciendo inviable, y que se es una cuestión que abarca no sólo el déficit habitacional, sino un negociado que está siendo avalado por los órganos judiciales que no hacen lugar a las denuncias realizadas. “Si uno va a Inmuebles, puede comprobar fácilmente que cada día se inscriben más y más edificios” culminó Jímenez.

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