El pasado 4 de junio, el gobernador Urtubey anunció la creación de la APAS, un organismo que se encargará de la protección ambiental y control de los bosques nativos de la provincia. Para el abogado ambientalista Luis Segovia, este nuevo organismo no modificará la preocupante situación actual de los desmontes.
Desde que se anunciara la creación de la Agencia de Protección Ambiental de Salta, restaba que se promulgaran los decretos que estableciesen los términos en los que se crearía dicho organismo. El día martes salió el decreto 617, que dice que la APAS se crea dentro del ámbito de la Secretaría de Ambiente, dirigida por un director ejecutivo y que va a tener a su cargo el régimen de fiscalización y control establecidos en las leyes 7070 y 7543, que protegen a los bosques nativos.
Estas leyes imponen sanciones administrativas a quienes violen las reglamentaciones. En ese sentido, Luis Segovia aclaró, en su columna semanal de Radio Dinamo, cuáles con esas sanciones: “la más importante es la que se aplica en el caso de los desmontes, va desde un litro de nafta y en algunos casos puede llegar a multiplicarse por diez veces. Un desmonte ilegal puede llegar a costar hasta un millón de litros.”
Pero, la realidad, es que para el nivel de ganancias que generan los sectores productivos esas multas son muy bajas dado los valores del campo. “Estamos hablando de lo que valen unas pocas porciones de campo, el valor de algunas maquinarias, por lo tanto, se transforma casi en un costo de los productores (la multa). Esto ha sido dicho por la misma Secretaría de Ambiente y por la Auditoría, por lo tanto es un proceso que ya está terminado. Las multas no tienen un poder disuasorio”, aseguró Segovia.
Por lo tanto, para que verdaderamente haya un control real de los desmontes, el abogado sostiene que los desmontes deben ser considerados como delitos penales. “Se ha propuesto desde el año 2012, el COFEMA, un proyecto para sancionar como un delitos los desmontes ilegales. Lo mismo ha hecho el Ministerio de Ambiente de la Nación y forma parte de campañas de organizaciones como Greenpeace. Hoy no está contemplado como delito penal.
Otra cosa es que no hay multados. Se ha propuesto tanto a nivel provincial como nacional crear un Registro Nacional de Infractores, y los que están ahí registrados son muy pocos y lo que se recauda es insignificante”.
Respecto a la creación del nuevo organismo, para Segovia la situación se mantendrá igual. Por un lado, porque, si bien ya se promulgado el decreto, no hay todavía designado quién sería el director ejecutivo y el equipo que conformaría el dicho organismo. Por otra parte, y más importante, porque el gran problema, pese a la gravedad de los desmontes ilegales, lo constituyen los desmontes legales. Por ello, el abogado ambientalista afirma que “Centrarse en los desmontes ilegales es muy distraccionista. El desmonte ilegal es claro, se sabe cuál es su sanción, cómo se genera, etc. El verdadero problema son los desmontes legales, que acá en Salta se están produciendo. La gran incógnita es qué va pasar con las áreas amarillas, qué tipo de actividad se va a desarrollar ahí. Acá en Salta, los productores contrataron a un técnico a nivel nacional, de apellido Adamoli, que cróo un nuevo sistema para tratar a los bosques. Se pretende introducir este sistema, que en la práctica, es un desmonte encubierto”.