En América Latina, los procesos políticos rara vez son sólo domésticos. Bajo la superficie de nuestras disputas ideológicas se despliega, con una insoportable persistencia histórica, una lógica geopolítica más profunda: la necesidad de las grandes potencias y del capital transnacional de asegurar el acceso a recursos estratégicos y a corredores de exportación que faciliten su expolio.
A diferencia de otras regiones, como África, donde los conflictos religiosos han sido instrumentalizados de manera abierta, en nuestro continente esa fragmentación adoptó formas mucho más sutiles. Durante la Guerra Fría, incluso en la Argentina de la primera presidencia de Juan Domingo Perón, comenzaron a introducirse y promoverse actores culturales y religiosos capaces de erosionar la relativa homogeneidad social que existía. No fue una guerra de credos en el sentido estricto, sino una táctica de diversificación identitaria extraordinariamente funcional a la división.
Brasil atravesó procesos similares. Allá, como en otros países de la región, el crecimiento de nuevas corrientes religiosas y la reconfiguración del mapa político no pueden ser leídos al margen de una estrategia más amplia: fragmentar para reordenar. Dividir para facilitar la implementación de modelos económicos abiertos y dependientes.
En la Argentina contemporánea, fenómenos aparentemente antagónicos, desde la radicalización política de las últimas décadas promovida por el kirchnerismo tardío, hasta la irrupción de liderazgos disruptivos como el de Javier Milei, pueden interpretarse como momentos distintos de una misma dinámica. No estoy seguro que respondan a un único comando externo, pero terminan produciendo efectos que convergen en el mismo lugar: desarticulación del tejido social, debilitamiento del consenso político y habilitación de reformas estructurales.
Es justamente en ese punto donde la geopolítica se vuelve concreta. La persistencia de marcos legales clave, como la Ley de Entidades Financieras (¡1977!), el régimen minero de la Ley de Minas (1993) o las normativas portuarias previstas en la Ley de Puertos (1992), nos revela una continuidad más elocuente que cualquier enfervorizado discurso de algún dirigente hipócrita de los que tanto abundan hoy día en la primera línea política. Gobiernos de distinto signo han pasado sin alterar sustancialmente estructuras que condicionan el flujo de capitales, la explotación de los recursos y la salida de riqueza.
La pregunta, entonces, no es por qué cambian los gobiernos, sino por qué ciertas reglas permanecen inalterables.
Tal vez allí reside la clave: mientras la discusión pública se consume en antagonismos inmediatos, de bajo precio y en clave de distracción, el verdadero orden de las cosas se consolida en estricto silencio. Y ese orden tiene un objetivo claro y persistente: garantizar que América Latina siga siendo, ante todo, un territorio disponible.
Por Flavio Gerez