La Asociación de Periodistas de Salta se solidarizó con Daniel Murillo, periodista de FM Infinito, tras la denuncia del exjuez. “La utilización de mecanismos judiciales para amedrentar a periodistas es una práctica preocupante”, dijeron.
La Asociación de Periodistas de Salta (APeS) repudió la denuncia penal interpuesta por Abel Cornejo, actual asesor del gobernador Gustavo Sáenz, contra el periodista de FM Infinito, Daniel Murillo, por el ejercicio de su labor informativa.
La denuncia del exjuez federal y provincial llega después de que se difundiera el video en donde Darío Monges, el “asesor político” vinculado al actual vocal del Tribunal de Cuentas municipal, Benjamín Cruz, lo nombra a Cornejo, el entonces ministro de Seguridad de la provincia.
“Reafirmamos nuestra solidaridad con el colega y nuestro compromiso inquebrantable con la defensa de la libertad de expresión, derecho fundamental en una sociedad democrática”, expresaron desde APES.
Para el colectivo de periodistas, “la utilización de mecanismos judiciales para amedrentar a periodistas en defensa del supuesto ´honor´ de funcionarios públicos es una práctica preocupante. Resulta alarmante que se pretenda iniciar una causa penal sin fundamentos sólidos, invocando un delito de orden público en el contexto de una entrevista con Pablo Cardozo, abogado de Cristian Palavecino, acusado en causas de crimen organizado. En esta entrevista, Murillo cumplió con su deber informativo, abordando temas de interés público vinculados a la seguridad provincial”.
Los miembros de APES recordaron que “la libertad de prensa y de expresión están amparadas por el artículo 14 de la Constitución Nacional, así como por instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica. La persecución judicial hacia periodistas representa una amenaza directa a estos derechos y al pluralismo informativo, elementos esenciales para la participación y el ejercicio ciudadano de la democracia”.
Además, en APES entienden que “los funcionarios públicos están sometidos al escrutinio de la ciudadanía en cuestiones de interés público. La denuncia de Cornejo busca, sin lugar a dudas, intimidar a la prensa, a pesar de que los periodistas no son responsables de las declaraciones realizadas por terceros. Las afirmaciones que señalan a Cornejo en posibles actos irregulares durante su gestión como ministro de Seguridad y Justicia de Salta deberán ser esclarecidas por la Justicia, y el periodismo tiene la responsabilidad de informar con precisión a la sociedad sobre estos temas”.
Por último, agregaron: “APeS seguirá de cerca este caso y reitera su compromiso con la defensa de los derechos de las y los periodistas para que ejerzan su labor sin temor a represalias”.