Mientras Javier Wayar sigue como si nada hubiese pasado, el Concejo Deliberante activó por primera vez el mecanismo institucional para investigar al intendente.
La Merced decidió pasar de los murmullos a los papeles firmados. El Concejo Deliberante puso en marcha el juicio político contra el intendente Javier Wayar, miembreo del saencismo, en lo que no solo es un avance institucional, sino también la confirmación de que el conflicto dejó de ser subterráneo para convertirse en un problema político abierto.
La votación no dejó lugar a dudas: cinco votos a favor, dos abstenciones y una señal clara de que el clima ya no tolera dilaciones. Las denuncias, presentadas por vecinos y un concejal, superaron el filtro formal y habilitaron un proceso que, hasta hace semanas, era apenas una amenaza latente.
Pero lo verdaderamente novedoso no es el expediente, sino el contexto. Es la primera vez que el municipio aplica la ordenanza que regula este tipo de procedimientos. El disparador político tiene nombre y fecha. El episodio del niño de 5 años atropellado por una camioneta oficial, conducida por el chofer del intendente que todos conocen como “Placita” terminó de romper un equilibrio que venía deteriorándose hace tiempo. La tragedia no solo generó conmoción, sino que empujó a institucionalizar un malestar que ya venía acumulando capítulos.
En ese proceso, los tres legisladores del Departamento Cerrillos, decidieron avanzar con un proyecto para intervenir el municipio, en el medio de una conmoción social en el pueblo. Sin embargo, desde el Grand Bourg decidieron salvarlo y le dijeron que no avanzaban con la intervención, con la condición que él vuelva a atender a los vecinos. Las denuncias por no estar nunca en La Merced abundaban.
Sin embargo, a Wayar no le importó nada y sigue sin dar respuestas a los problemas diarios de los mercedeños. Así lo confirmó el reconocido periodista de la zona, Eduardo Arias. El comunicador sostuvo que a Wayar no se lo ve ni en los actos oficiales.
Mientras tanto, el proceso avanza con plazos definidos: hasta cuatro meses para investigar, reunir pruebas y eventualmente votar una destitución. En paralelo, la causa judicial sigue su propio carril, alimentando un combo que mezcla responsabilidades políticas y penales en una misma escena.
Wayar sigue en funciones, pero solo por ahora, porque el poder local, que durante años convivió con sus propias tensiones, decidió activar el único mecanismo capaz de poner en discusión la continuidad de un intendente.