Trabajadores del organismo de control más importante de la provincia denuncian hostigamiento, maniobras irregulares y un manejo discrecional que habría vaciado áreas clave. El escándalo pide pista judicial.
Lo que debería ser el corazón del control institucional en Salta hoy aparece atravesado por denuncias que describen un escenario más cercano al disciplinamiento interno que a la transparencia pública. La Auditoría General de la Provincia quedó en el ojo de la tormenta que combina acusaciones de violencia laboral, concentración de poder y presuntas irregularidades administrativas que, de confirmarse, erosionan la credibilidad de todo el sistema de control.
El foco apunta a la estructura de poder que se consolidó en los últimos años, particularmente desde 2021, con una funcionaria que habría acumulado funciones clave dentro del organismo. Según denuncias de trabajadores, ese esquema no solo generó una fuerte asimetría interna, sino que clausuró cualquier posibilidad real de cuestionamiento. Quien se animaba a incomodar o a preguntar, pagaba un precio.
Los testimonios hablan de desplazamientos sistemáticos de personal de planta, profesionales relegados a tareas menores y decisiones que pasaban a manos de agentes sin la formación ni la competencia para ejecutarlas. En paralelo, describen un clima laboral enrarecido, con descalificaciones, destrato y una lógica de desgaste que apuntaba a aislar o empujar hacia la salida a quienes no se alineaban.
“Vagos”, “poco comprometidos”. Las etiquetas, según relatan, no eran excepciones sino parte de un repertorio cotidiano que se aplicaba sin sumarios ni procedimientos formales. El mensaje era claro: la verticalidad no se discutía. Y el silencio, en ese contexto, no era una opción sino una condición de supervivencia.
Pero el conflicto no se agota en lo laboral. Uno de los puntos más delicados es el presunto vaciamiento de áreas técnicas y sistemas de información. Trabajadores advierten sobre decisiones que habrían alterado circuitos administrativos consolidados y, más grave aún, sobre órdenes impartidas incluso cuando ya no existía competencia formal para hacerlo. Si eso se comprueba, el problema deja de ser interno y pasa a tocar la médula de la trazabilidad documental del organismo.
A ese combo se suman denuncias por presiones directas. Llamadas, mensajes y advertencias que, según los testimonios, buscaban desalentar la colaboración con la actual conducción del organismo.
El dato no es menor: cuando el organismo que debe auditar al Estado empieza a operar con lógicas de facción, la línea entre control y disputa de poder se vuelve peligrosamente difusa.
En paralelo hubo versiones sobre retiro de documentación y movimientos poco claros tras cambios en cargos jerárquicos. Episodios que ya fueron expuestos públicamente y que abrieron nuevos pedidos de investigación. La pregunta es: ¿qué se llevaron y quién lo autorizó? Por ahora, todo está en el terreno de las denuncias y deberá ser la Justicia la que determine responsabilidades.