El avance libertario en la Carta Municipal intenta reinstalar el debate sobre el aborto pero, según la directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, choca con un marco legal que lo deja sin margen.
En el marco de la Convención Municipal, el bloque libertario decidió correr el eje y meterse en un terreno donde la discusión ya tuvo su punto más alto hace apenas unos años. La incorporación del “derecho a la vida desde la concepción” en la Carta Municipal no es un gesto inocente ni meramente declarativo: es, en los hechos, un intento de reabrir un debate que la Argentina saldó en 2020 con la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
La jugada, sin embargo, nace con problemas de origen. No solo por el contexto político en el que aparece, sino también por su fragilidad jurídica. Así lo explicó con claridad Ana Pérez Declercq, una de las directoras del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, quien advirtió que la iniciativa libertaria “tiene algunas dificultades respecto a las leyes nacionales. Está la Constitución, que es la principal norma que nos rige, que a partir de la reforma del 94 asumimos varios tratados internacionales que tenemos que respetar. Están las leyes nacionales, que también están por encima de lo que puede ser una normativa provincial, una ley provincial y una ordenanza municipal”. En ese marco, su pronóstico es directo: difícilmente supere los filtros institucionales.
Pero más allá de la viabilidad legal, el trasfondo es político. Volver a instalar la discusión sobre el inicio de la vida implica, inevitablemente, tensionar derechos que ya fueron ampliamente debatidos en la sociedad. En ese punto, Declercq también fue contundente: “el derecho al niño por nacer de ninguna manera anula el derecho de la persona gestante a interrumpir el embarazo. Ya hubo intentos de contraponer estos dos derechos y siempre se primó el derecho a las mujeres y las personas gestantes. Así lo entienden los tribunales. Fue muy debatido en Argentina, hubo marchas, pudimos ver cómo toda la ciudadanía se implicó en una ley que decidía sobre el cuerpo de las mujeres y de las personas gestantes”, dijo a FM Infinito.
La insistencia parece tener menos que ver con una necesidad normativa y más con una estrategia discursiva. La propia directora del Observatorio lo sintetizó sin rodeos: “estas reformas tienen que ver con poder mostrar otra visión o poner de vuelta el tema en debate”. Traducido: marcar posición, aun cuando eso implique chocar con un andamiaje legal consolidado y con consensos sociales que costaron años de construcción.
Por otro lado, Pérez Declercq dejó al descubierto otra arista donde las deudas son mucho más concretas y menos declamativas. La violencia dentro de las fuerzas de seguridad, en particular cuando involucra el uso de armas reglamentarias en contextos familiares o de género, sigue siendo un problema persistente. “Hay hechos que se resuelven de manera muy violenta, con la propia arma reglamentaria. Hace tiempo que se viene trabajando en tener un área de género. Nosotras hicimos una recomendación de quitar el arma reglamentaria cuando suceden estas situaciones, y por eso había un órgano interno de la Policía destinado a abordar las directrices de género al interior de la fuerza. Entiendo que ese órgano se disolvió, pero es una temática a seguir trabajando”, finalizó.
Nueva Carta Municipal: los libertarios quieren menos Estado y más control moral