Fueron esas las palabras de Facundo Hernández, defensor adjunto de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la Nación, tras reunirse con senadores en el marco de las modificaciones que se analizan para el “Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil” de Salta.
Hace poco más de un mes se conoció el informe del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y/o Degradantes de Salta donde se advierte, entre otras graves irregularidades, la existencia de menores de edad detenidos en la Provincia.
Actualmente, avanza en el Senado provincial el análisis del Proyecto de modificación de la Ley N°8097, que establece el “Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil” de Salta. Tras reunirse con integrantes de la Comisión de Legislación General del cuerpo, Facundo Hernández, defensor adjunto de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la Nación, dialogó con Sapo de Otro Pozo, en Cadena Infinito Salta 96.5, respecto al aporte que realizaron y la preocupación que genera la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes en Salta.
En primer lugar, lamentó que la problemática no ocupe espacios en la agenda de los medios hegemónicos. Remarcó que en muchos casos se habla de inseguridad colocando la principal responsabilidad en menores de edad, cuando los datos demuestran que no es así. Frente a esto que destacó que “el marco legal es fundamental”. En tal sentido, advirtió que “tenemos una deuda, tenemos una ley nacional penal juvenil que es de la dictadura militar, que está cuestionada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y organismos internacionales”, una ley que, aseguró, implica menos derechos.
En esta línea, Hernández insistió respecto a que “la privación de la libertad para chicas y chicos- como ocurre en Orán y San Martín- es la última opción”, y remarcó: “Esta ley que tenemos que reformar habilita esta privación de libertad”. Además, subrayó la importancia de contar con una justicia especializada en la mayor parte del territorio.
Al igual que en otras provincias, el Defensor adjunto indicó que se inició en Salta una acción judicial desde Nación para hacer frente a esta situación, anteponiendo un habeas corpus. La cuestión de fondo, dijo, tiene que ver con pedir la inconstitucionalidad de esta ley. De acuerdo con lo que explicó, “hay que hacer algo, pero no desde la órbita penal, hay que hacer cosas que son mucho más eficaces, pero desde otro lugar”.
“Muchas veces, cuando estamos en presencia de una persona con consumo problemático, no es la justicia penal la que debe resolver esos problemas, que son de otra índole”, agregó el funcionario. Adelantó así las reuniones que mantendrá con jueces, fiscales y demás representantes de la justicia “para que el abordaje no sea el encierro, sino que sea desde otro lugar, desarrollar acciones concretas para resolver eso”. “El encierro no soluciona nada en estos casos”, reiteró.
Expectante ante la receptividad que observó en el cuerpo legislativo, Hernández aclaró que no son muchos los artículos observados a modificar. “Esperemos que el círculo- formado por el Poder Legislativo y el Poder Judicial- cierre bien, somos optimistas”, expresó, recordando que en algunas semanas vence el plazo para modificar la ley en cuestión.
Adolescentes
Cerca de presentar el informe de gestión en el Congreso de la Nación, ante la Comisión de Legislación General, Hernández hizo hincapié en la situación que atraviesa a las y los adolescentes. Según alertó, uno de cada cinco es indigente, no llega a la canasta básica alimentaria.
“Cuando uno analiza el conjunto de la AUH, el Plan de los Mil Días, la Tarjeta Alimentar y otras transferencias que hace el Estado hacia niños y niñas, los adolescentes son los que menos reciben. Los adolescentes son el foco en el que se totaliza la criminalización y son los que menos transferencia de dinero reciben del Estado”, aseveró el funcionario.
En esta línea, recordó la posición de la Defensoría ante la discusión sobre una baja en la edad de imputabilidad. “Hemos suscripto un acuerdo de principios básicos para la derogación de la ley penal juvenil con organismos nacionales. Hay un argumento normativo de legalidad. Además, los datos hablan de que son muy pocos los chicos que cometen delitos por debajo de los 16 años. Lo que pedimos es una nueva ley sin baja de la edad”, aclaró.
Lamentó que en muchos casos de trascendencia mediática, se busca endilgar la responsabilidad a menores de edad, aun cuando no sea así, y resumió: “Hay que hacer un montón de cosas. Si un chico comete un delito, por debajo de los 16 años, nos da la pauta de que hay un problema, pero la experiencia indica que la solución, si es en el ámbito penal, agrava el problema. El derecho penal es lo último que hay que aplicar porque indica que ha fallado todo lo demás”.
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