La vocera Paula Benavides en diálogo con Infinito FM intentó sostener la posición oficial sobre el conflicto del transporte, pero dejó una larga lista de interrogantes abiertos: no pudo precisar el monto de la deuda que reclaman los empresarios, no supo explicar cómo funciona el fideicomiso que administra los recursos de SAETA, desconoció datos sobre las ganancias de las empresas y tampoco confirmó si habrá sanciones para quienes dejaron sin servicio a miles de usuarios.
La entrevista dejó en evidencia que el gobierno no tiene el control de la situación. «Los montos, la verdad que desconozco”, respondió cuando se le consultó sobre la deuda con las empresas.
Repitió varias veces que la medida fue “unilateral” y “arbitraria” y recalcó que “hubo una intimación formal a las distintas empresas a retomar el servicio”.
Sin embargo, cuando le preguntaron cuándo se realizó esa intimación, tampoco pudo precisarlo. “No tengo la fecha”, reconoció.
Tampoco pudo confirmar qué sanciones recibirán las empresas que incumplieron los contratos. “Hasta el momento no se han determinado sanciones”, admitió.
Es decir: las empresas suspendieron un servicio considerado esencial, dejaron a estudiantes y trabajadores sin transporte durante varios días y, hasta ahora, no existe ninguna penalidad concreta anunciada.
Otro momento llamativo llegó cuando se abordó el rol de SAETA y de su presidente, Claudio Mohr. Benavides sostuvo que es SAETA quien debe controlar a las empresas concesionarias, pero al mismo tiempo reconoció que desconoce aspectos fundamentales del sistema.
Cuando le preguntaron cuánto ganan las empresas o cómo funciona el fideicomiso que recauda el dinero de los boletos, respondió: “Dejo más las cuestiones técnicas porque no integro el directorio de SAETA”.
Y agregó: “Todas las cuestiones más específicas tendrán que evacuar con el presidente del directorio Claudio Mohr”.
“Bajo ningún punto las cuestiones económicas habilitan a que la empresa tome este tipo de determinación”, aseguró.
También dijo que el Gobierno considera que la decisión fue arbitraria y que perjudicó a los usuarios. Sin embargo, al ser consultada sobre medidas concretas, volvió a aparecer la indefinición. “Se está evaluando qué determinaciones se va a tomar al respecto”, señaló.