El titular Claudio Mohr admitió que la medida “no tiene un impacto económico directo en términos de recaudación”, pese a que fue el argumento inicial. “Bajamos, en un mes, 1 millón 200 mil viajes”, celebró. En los barrios, usuarias y usuarios siguen esperando mejoras en el servicio.
Tras solicitar un nuevo aumento en el precio del boleto del transporte público, llevándolo a $744, el titular del directorio de SAETA, Claudio Mohr, celebró en medios locales la disminución de viajes de estudiantes producto de las restricciones impuestas a fin de evitar “un perjuicio económico para SAETA S.A.”. No obstante, admitió que la medida “no tiene un impacto económico directo en términos de recaudación” y reconoció que lo que se buscaba era evitar poner en circulación mayor cantidad de unidades para responder a la demanda de usuarios y usuarias.
“Tenemos que plantear esto sabiendo que es un perjuicio para la gente, pero el contexto hace que lo tengamos que plantear porque debemos mantener viable el servicio del transporte”, justificó Mohr sobre la medida que ya preocupa a salteños y salteñas, y por la que está próxima a realizarse una audiencia pública.
En lo que refiere al boleto estudiantil, aseguró que “había mucha gente que no cumplía con los requisitos, pero que solicitaba el pase”. “Se detectaron 27 casos de falsificación de documentación”, aseveró y precisó que “aproximadamente 240 personas solicitaban el pase pero no cumplían con los parámetros”.
“Había dos o tres personas, no recuerdo puntualmente, que no rendían materias desde el año 2020, ahí no hay continuidad del estudio. O una persona que nos planteaba que quería volver a estudiar, que hacía tres años no rendía ni cursaba ninguna materia, pero usó el pase estudiantil. Uno no pone en tela de juicio la necesidad de la persona, lo que decimos es que no se está cumpliendo con el espíritu de la norma”, argumentó Mohr sobre el presunto “mal uso” del boleto estudiantil que esgrimieron como pretexto para restringir el acceso al mismo.
Con estos menos de 300 casos mencionados, sobre 5 mil pases renovados de un total de 20 mil que hacen al conjunto de estudiantes, sostuvo que lo que se hizo fue “depurar la base”. “Estamos en permanente contacto con la gente de la Universidad. En un principio la base no podía ser depurada por parte de ellos, pero ya seguimos charlando para encontrarle la vuelta”, agregó.
En efecto, el titular de SAETA admitió sobre las restricciones al boleto estudiantil que, “si bien no tienen un impacto económico directo en términos de recaudación, al haber una mayor demanda a SAETA le generaba mayores costos, generaba que la gente tenga que viajar amontonada o que el colectivo pase lleno y no la levante”. Es decir que gracias a las restricciones para acceder al boleto estudiantil evitaron poner más unidades en circulación. “Hoy lo que se hace es descomprimir”, ratificó.
Puntualmente, precisó que “en términos de viajes estudiantiles, en marzo del año pasado se realizaron 4 millones de viajes, y este año 2 millones 800 mil viajes”. “O sea bajamos, en un mes, 1 millón 200 mil viajes”, celebró Mohr.
Por otra parte, y pese a la vigencia de la Ley N° 8030 que instituye el sistema del boleto gratuito, defendió las restricciones sosteniendo que “es una potestad de la Autoridad Metropolitana de Transporte determinar los parámetros para que lo que dice la ley lo aclare en sus resoluciones y ponga condiciones mínimas”. Cabe aclarar, que la mencionada normativa establece como beneficiarios a las y los estudiantes regulares de todos los niveles educativos públicos y privados. En el caso de la Universidad Nacional de Salta, la condición de estudiante regular no está sujeta a la cantidad de materias aprobadas por año.
En tanto, al intento de Mohr por enfrentar a pobres contra pobres asegurando que “es injusto para el trabajador que con sus impuestos estaba aportando para que gente a la que no le corresponde esté viajando”, es preciso recordar al menos dos puntos centrales. Uno de ellos es que a las empresas se les paga por kilómetro recorrido, no así por viajes que se abonan. El segundo punto es que, a menos que se haya modificado la normativa aprobada en 2017 con base en el decreto N° 2574/14, el sistema de gratuidades se financia con la recaudación producida por el canon de explotación de los juegos de azar.
S.D.F.
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