Eso fue lo que indicó el fiscal Carlos Amad, en relación a la causa de las facturas apócrifas y las contrataciones truchas, que hoy tiene a Matías Huergo como primer detenido. Se cuestiona la decisión del juez Julio Bavio, pese a su argumentación acerca de las jurisdicciones provinciales y federales. Amad dijo que se insistirá en la figura de la asociación ilícita, para que la causa no se desmembre.
El fiscal de la causa por facturas apócrifas, contrataciones truchas y sobreprecios en la obra pública, Carlos Amad, está convencido de que existió asociación ilícita, por lo que se trataría de un delito penal de jurisdicción federal. En ese sentido, Amad aseguró que se apelará la decisión del Juez Bavio, quien se declaró incompetente para sentar jurisprudencia sobre los hechos investigados.
Cabe recordar que, en el expediente, Julio Bavio resolvió girar parte de las actuaciones que encaró la AFIP a la Justicia provincial, para que investigue la comisión del delito de fraude a la administración pública en la Municipalidad de Salta, la Provincia y Aguas del Norte. Solo la cuestión tributaria, de ese modo, quedará bajo jurisdicción federal.
La causa estuvo desde un principio bajo el juez Miguel Medina, que se excusó, y la dejó en manos del juez Bavio. Fue con éste último que la causa avanzó al punto tal en que se pudo demostrar, cuanto menos, el involucramiento de Matías Huergo, con una extensa investigación, que incluyó el secuestro y allanamiento de dependencias públicas, domicilios privados, computadoras y teléfonos celulares.
El fiscal Amad dijo que hay más imputados, aunque no reveló las identidades. En ese sentido, dejó entrever que es posible que haya nuevas detenciones. Hoy, por lo pronto, declaran Gerardo Romero, socio de Huergo en al menos dos empresas, y el abogado Aníbal Anaquín, asesor jurídico del empresario y funcionario de la Vicegobernación, quien aparece nombrado en reiteradas oportunidades en el expediente de Bavio.