Las Cajas Previsionales para profesionales creadas y funcionando en las Provincias, también en Salta, generan a menudo discusiones entre sus afiliados, obligados aportantes por las leyes de sus respectivas creaciones. También en algunos casos quienes aportan su dinero son terceros, los clientes de los profesionales adheridos.
Justamente por haber sido creadas por leyes lo recaudado por estas “asociaciones” tienen carácter de fondos públicos cuya administración se ha otorgado por la ley a los propios profesionales amparados por cada régimen previsional.
Naturalmente estas Cajas deben tener una administración muy cuidadosa, y esmerada, habida cuenta su carácter previsional. Proteger esos fondos del flagelo de la inflación que en estos años golpea a la economía argentina se convierte en una necesidad imperiosa, a riesgo de esfumarse el valor del dinero recaudado.
También los aludidos recursos pueden quedar disminuidos cuando su administración resulta demasiado onerosa, o poco cuidadosa, permitiendo que miembros de los Consejos de Administración o terceros malversen caudales con destinos particulares.
Es lo que ha ocurrido justamente en la Caja de Seguridad Social para Abogados, a la que esta semana les toca elegir nuevas autoridades.
En 2023 se descubrió “casualmente” que desde la Tesorería se había sustraído dinero equivalente en valores de hoy a más de cien millones de pesos. Una especie de “robo hormiga”, fortuna que el infiel empleado pudo sustraer por la ineficiencia, laxitud, lo que fuere de los imprescindibles controles que debía tener en la Caja el manejo de esos fondos. Todo acreditado en el proceso judicial donde resultó incriminado.
Claro, los lectores estarán cavilando que habrá habido luego del delito alguna explicación dirigida a los afiliados como a la opinión pública.
Pues no, los miembros del Consejo directamente relacionados con tesorería no se dieron por aludidos, no explicaron nada ni mucho menos se presentó alguna renuncia y hasta alguno de ellos pretende continuar en la Dirección
Así, de esta manera, no se deben administrar ni distraer esos recursos que son públicos, como dijimos más arriba.
Tampoco son razonables propuestas para dar algunas facilidades a los afiliados en el ejercicio profesional. El destino de los fondos debe ser estrictamente previsional, de aquello debe ocuparse el Colegio de Abogados.