La fiscal de Ciber Delitos, Sofía Cornejo Solá es un alfil de Pedro García Castiella, el procurador que planchó la investigación sobre Benjamín Cruz por sus relaciones con el mundo narco. Desde ese cargo se hizo famosa por armar una causa al diputado Emiliano Estrada.
Esta vez, la fiscal quedó expuesta. Y no por un rumor, sino por una operación inmobiliaria que huele a corrupción. Compró un terreno en San Lorenzo chico valuado entre 200 y 300 millones de pesos, pero lo escrituró por apenas 30 millones. Una diferencia de más de diez veces. Todo indica que habria realizado una maniobra de evasión impositiva descarada.
La jugada fue avalada por la escribana Luciana Araneta, que con su firma blanqueó el papelón, y la vendedora Alicia Barresi, que participó del juego. Tres mujeres, un terreno y una evidente mentira notarial.
La fiscal, que debería perseguir delitos, se habría medido de lleno en uno. Y lo hizo con total impunidad, como si las leyes fueran solo para los demás.
Nadie quiso tocar el tema. Pero el silencio no borra los hechos: una funcionaria judicial compró una propiedad millonaria pero hizo aparecer como que compró una piecita en una villa.
Cornejo Solá y su marido, también fiscal, viven del Estado. Sus sueldos son públicos y no alcanzan ni por asomo para semejante compra, excepto que hayan recibido una herencia. A menos que hayan ganado una rifa multimillonaria, excepto que otros fondos oscuros se lo hayan pasado, como fuese lo cierto es que la cuenta no da.
La denuncia fue impulsada por el diputado nacional Rodolfo Tailhade, que se animó a señalar lo que todos sabían y nadie decía. Incluso se filtraron documentos que confirman todo: el terreno, el valor real, la escritura trucha y la maniobra fiscal.
Lo más grave es el mensaje que deja: la Justicia salteña es una casta cerrada, que se protege a sí misma. Si sos fiscal o amigo del procurador, podés violar la ley y nada pasa. Si sos ciudadano común, te caen con todo el peso del Código Penal.
Cornejo Solá, la misma que armó causas por encargo, ahora protagoniza su propia causa. Solo que nadie la investiga. Nadie la cita. Nadie se atreve.
La pregunta es brutal pero necesaria:
¿Cuánta impunidad más vamos a tolerar en Salta?