La salida del secretario de Gestión Educativa no cierra el escándalo de la escuela fantasma. La Fiscalía debe esclarecer las designaciones, las irregularidades administrativas y las responsabilidades políticas. ¿Qué pasará con Fiore?
El escándalo de la escuela fantasma, las graves irregularidades en las designaciones y la apertura de establecimientos sin los correspondientes actos administrativos terminaron con la salida del secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker. Su renuncia llega después de que los hechos expuestos pusieran en jaque su continuidad, pero también deja abierta una pregunta que el Gobierno todavía debe responder: ¿quiénes más son responsables de lo ocurrido en Educación?
Cuando estalló el escándalo, la reacción de Becker tampoco contribuyó a despejar las dudas. En lugar de concentrarse en explicar las irregularidades denunciadas, su defensa apuntó primero contra quien las hizo públicas y después contra el periodismo independiente que difundió los hechos. Cuestionar a la denunciante no responde a las preguntas de fondo, del mismo modo que atacar a los medios no desmiente la documentación que se expuso. La renuncia no puede funcionar como una salida política para un escándalo que excede largamente a un funcionario.
Porque lo que está en discusión no es solamente la continuidad de un secretario, sino el funcionamiento de una estructura estatal que debe garantizar transparencia en el uso de los recursos públicos. Las manifiestas irregularidades en las designaciones -esto quedó claro con la auditoría de la Sindicatura General de la Provincia, con la posibilidad de que algunos nombramientos hayan respondido a compromisos o devoluciones de favores-, requieren una investigación rigurosa que permita determinar qué ocurrió, quiénes intervinieron y si existieron responsabilidades penales. Si se utilizaron cargos públicos para saldar compromisos políticos o personales, no alcanza con identificar al último funcionario de la cadena administrativa: hay que reconstruir cómo se tomaron las decisiones y quiénes las autorizaron. De esto último hay pruebas de quién fue.
En ese punto, la Unidad Fiscal de Delitos Económicos tiene una responsabilidad central. La investigación debe avanzar sobre los hechos denunciados, establecer las responsabilidades que correspondan y evitar que la salida de Becker termine convirtiéndose en el punto final de una causa que recién debería comenzar a ofrecer respuestas. La gravedad de lo denunciado exige que las actuaciones tengan un ritmo acorde con la dimensión del caso.
También falta conocer qué tiene para decir la ministra de Educación, Cristina Fiore, sobre lo ocurrido en el área que conduce. No alcanza con una nota a las apuradas a un medio que no repregunta. Su responsabilidad política no desaparece con la renuncia de uno de sus funcionarios, y la sociedad tiene derecho a conocer qué sabía, qué controles se realizaron y qué medidas se adoptaron frente a las irregularidades.
Las versiones sobre un eventual encuentro informal con la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio ponen en riesgo la credibilidad de la causa. Hacen falta respuestas institucionales claras y actuaciones judiciales que permitan disipar cualquier duda sobre la independencia y el avance de la investigación.
Entre los puntos que requieren una explicación concreta está la presunta concentración de alrededor de 300 cargos en una sola unidad educativa, además de las irregularidades señaladas en torno al secundario de Pinares, que habría comenzado a funcionar sin un acto administrativo de creación. No son cuestiones menores ni simples desprolijidades burocráticas: se trata de decisiones que comprometen el funcionamiento del sistema educativo, la administración de recursos estatales y los procedimientos que deben regir la apertura de una escuela y la designación de su personal. Cada una de esas decisiones debe tener responsables identificables y documentación que permita establecer bajo qué autoridad se tomaron.
La renuncia de Williams Becker puede ser una consecuencia política de lo ocurrido, pero no reemplaza las explicaciones que faltan ni las responsabilidades que deben establecerse. Si el caso termina con la salida de un secretario mientras quedan sin aclarar las designaciones, los procedimientos administrativos y la eventual intervención de otros funcionarios, el sistema habrá encontrado una manera de sacrificar una pieza sin revisar el mecanismo que permitió que todo esto sucediera. Con la renuncia de Becker no alcanza.