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miércoles, junio 19, 2024

Condena mínima para un caso de trata de persona

Marcela Castro, juzgada por explotar sexualmente a chicas, fue condenada finalmente por otro delito, falsificación y promoción de la prostitución.

 

Los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Domingo Batule, Gabriela Catalano y Abel Fleming, finalmente fallaron con una condena mínima y una absolución por el beneficio de la duda contra las acusadas de uno de los delitos más graves del actual Código Penal, aunque los supuestos delitos ventilados en las audiencias no tenían la carga de gravedad actual al momento de ser supuestamente cometidos.

Luego de extensos alegatos, el defensor de Marcela Castro y Jessica Aguirre, juzgadas por explotar sexualmente a chicas, logró demostrar al tribunal que el delito por el que llegaron a juicio no se ajustaba a la realidad probada en los estrados federales.

Eso se reflejó en los alegatos del fiscal federal Francisco Snopek, quien tras escuchar a la defensa y a los testigos durante las incontables audiencias públicas, declinó en sostener la acusación primaria y llevó la causa hacia delitos menores, como son la promoción de la prostitución y falsificación.

Aun así, el fiscal solicitó la pena de ocho años de prisión para Marcela Castro y otro tanto para Aguirre, además del pago de un resarcimiento de 20.000 pesos.

Por la otra parte, el defensor Marcelo Arancibia solicitó para ambas la absolución lisa y llana, dejando entrever que los testigos y a la vez víctimas no impactaron al tribunal, tampoco a la opinión de los presentes y menos sobre la estrategia defensiva esgrimida por el defensor de las mujeres.

Consultado el defensor Marcelo Arancibia, anoche le dijo aEl Tribunoque está satisfecho con lo conseguido.

“Era una causa gravísima, con condenas brutales si se quiere -dijo Arancibia-, pero las audiencias demostraron que mis clientes no son tratantes de personas, y eso es más de los que vinimos a buscar”, dijo.

La causa y su historia

Marcela Castro, la mujer condenada a 4 años y 6 meses de prisión y al paso de una multa de 20.000 pesos, estaba acusada de captar mujeres jóvenes e incluso menores de edad para prostituirlas en bares de las ciudades chilenas de Tocopilla y Calama.

Una de las testigos relató una historia en la sala de audiencia, donde contó algunos de los momentos que le tocó vivir en ese ambiente de prostitución y necesidades.

La víctima dijo entonces: “Yo conocí a Marcela Castro cuando tenía 16 años, por medio de una “amiga’ en ese entonces. A mí me llevaron a Chile cuando tenía 17. Estuve en un lugar llamado El Señor de la Noche, en Tocopilla. Ahí te obligaban a prostituirte y si no querías te pegaban, te drogaban para que tengas relaciones con los tipos. Después de dos semanas me hicieron volver porque mi mamá hizo una denuncia de trata. Pero con el tiempo las amenazas volvieron”.

Ante los jueces, la joven, quien hoy tiene 24 años, reprodujo paso a paso cómo fue entregada por una amiga, cómo la coaccionaron para que terminara trabajando en un cabaret chileno, su retorno a Salta, las constantes amenazas y finalmente la pérdida del miedo que la llevó a denunciar su calvario.

La causa contra Castro, que ahora se debate en juicio, se formalizó hace recién cuatro años, a fines de 2014.

Se precipitó luego de violentos episodios, que incluyeron la irrupción de cinco mujeres en la casa de la muchacha -quien para entonces ya tenía un hijito de dos años-, se formalizó la acusación y en mayo de 2015 Castro y otra mujer que la secundaba terminaron detenidas.

Durante las audiencias se escucharon relatos acusatorios contra Castro como el siguiente: “A mi hijo de dos años le llegaron a poner un revólver en la cabeza y me amenazaban con matarlo si yo no volvía a prostituirme; eso fue la gota que colmó el vaso y entonces hice la denuncia”, dijo una de las denunciantes.

El fiscal federal Francisco Snopeck hizo que la joven describiera el calvario que vivió durante ocho años, pero para los miembros del tribunal no fue suficiente, ya que hubo otras testigos que declararon a favor de las dos acusadas.

 

 

Fuente: El Tribuno

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