En la sesión de esta semana, hubo fuertes manifestaciones en torno a la determinación del Poder Judicial de notificar al Senado sobre la Acción de Amparo con medida cautelar presentada por el abogado Sergio Heredia, en representación de un grupo de docentes autoconvocados, contra el Ministerio de Educación, el Vicegobernador y autoridades legislativas de ambas cámaras, planteando la nulidad de la intervención respecto el conflicto docente.
Si bien el amparo fue presentado por un letrado en representación de un grupo de docentes, predominantemente del departamento San Martin, lo que llamó la atención e indignó es que desde el Poder Judicial se haya corrido traslado al Poder Legislativo y, por si fuera poco, estableciendo un plazo de diez días para responder, bajo apercibimiento de quedar en situación de rebeldía.
La citada acción judicial se enmarca en un claro caso de avasallamiento de la independencia de poderes y de desconocimiento el carácter representativo del Poder Legislativo para intervenir ante situaciones sociales o particulares y el derecho a asumir esa tarea para el que está facultado, y le es asignado por la Constitución.
“Llama la atención, fuimos notificados y estamos estudiando con nuestros abogados una respuesta, hemos trabajado con un sector muy importante de autoconvocados, pareciera que en Salta no hubo conflicto, más de treinta días sin clases, con chicos perdiendo casi el año, parece que eso no es tenido en cuenta por un poder del Estado, es llamativo”, dijo el presidente del Senado, Antonio Marocco.
El único senador notificado fue Carlos Rosso, quien preside la comisión de Educación de la cámara y en la sesión indicó: “La educación es responsabilidad de todo el estado y el estado no es el Gobernador” y agregó que el amparo judicial “marca un precedente a cualquier senador, diputado, concejal o cualquier funcionario que quiera tratar de ayudar, si la Justicia con estas acciones nos quiere decir no actúen, no escuchen, cierren la boca, no es la forma de decir que hace 40 años estamos en democracia”.
Por su parte, el legislador de Cachi propuso que no se debería ni responder la notificación judicial por su improcedencia y sostuvo: “¿En dónde cabe que la Justicia piense que el rol de este Cuerpo es no dialogar con vecinos?, ¿Dónde está la norma legal que nos prohíbe? Por qué deberíamos contestar algo que está vulnerando la autonomía del Poder Legislativo, la sola respuesta estaría diciendo que se acepta una acción inconstitucional y un atropello de un poder a otro”.
Wayar puso como ejemplo los discursos de Javier Milei y la no injerencia del poder judicial en esos casos. “Tenemos un candidato que dice cosas aberrantes, usa términos como desaparecer que parece que ahora no es tan trascendente e importancia, ahí si la Justicia debería llamarlo y decir ¿Cómo es el mecanismo que quiere hacer desaparecer seres humanos?, un juez debería llamar para ver a qué sentido le da, porque esas palabras generan odio y puede significar luego una acción que termine una vida”, indicó.
La próxima semana no habrá sesión por el Triduo del Milagro, pero en la siguiente, se conocerá la decisión que tomará el Senado y que ha causado un enorme malestar y preocupación, se ha sugerido incluso que se plantee un juri de enjuiciamiento contra el magistrado interviniente.