La elegida por Sáenz para ocupar el relevante cargo de Defensora General de la provincia, no sólo reúne antecedentes nefastos en su carrera judicial, sino que además fue acusada de hechos graves que en parte podrían explicar cómo construyó una red de complicidades con el poder en Salta y su proceder dista demasiado del decoro y la integridad que se requiere de un magistrado.
La historia de los hechos por los que Zunino fue acusada ante tribunales federales, puede resumirse emulando la famosa novela de Jorge Amado, para reformularse así: Doña Ada y sus dos bandidos.
En la Fiscalía Federal de Salta se formuló una denuncia contra la actual Defensora General de la provincia y exjueza de Garantía, Ada Guillermina Zunino. Los hechos declarados comienzan cuando la abogada Micaela Plaza Amado conoce a Marcelo Fernández, quien en el año 2019 se presenta públicamente como abogado matriculado e integrante de la Comisión de Jóvenes del Colegio de Abogados de Salta. Desde ese momento, mantiene con ella contactos frecuentes, primero por redes sociales y luego de forma personal, mostrándose como un profesional reconocido y vinculado a estudios jurídicos serios.
La confianza de la denunciante se ve reforzada por la participación habitual de Fernández en actividades institucionales, su presencia en tribunales y su cercanía con operadores del sistema judicial. En ese entonces, Micaela se desempeñaba como asesora legislativa del Diputado Nacional Andrés Zottos, y atravesaba una demora en el cobro de sus haberes, por lo que la propuesta de trabajar juntos en el ámbito penal le pareció una oportunidad profesional legítima y comenzaron a trabajar en el estudio jurídico dirigido por Pío Castellani, un letrado reconocido en Salta y expresidente del Colegio de Abogados.
Paralelamente, se desarrolló una relación afectiva entre ambos, que comenzó a fines de agosto de 2020. Poco después, Fernández le pidió que la acompañe a cumplir un compromiso particular, pero en realidad se trataba de una reunión en la casa de la jueza Ada Guillermina Zunino, en la que estaba prevista una cena en la que se celebraba su «recepción como abogado».
Fernández no sólo tenía un vínculo estrecho con Zunino, sino también con la pareja de ésta, Sebastián Martínez, un hombre que siendo empleado judicial se graduó como abogado y llegó a ser secretario letrado, apuntalado por la exjueza de Garantías.
Ya en la reunión, Micaela se sorprende al saber que Fernández recién había obtenido su título de abogado el 1 de octubre de 2020: durante años se había presentado y actuado como letrado habilitado sin serlo, contando con el conocimiento y el apoyo explícito de la propia magistrada, quien incluso festejó ese hecho en su casa. En la reunión en casa de Zunino, ubicada en un barrio privado de zona oeste de la Capital, también participaban jueces de la Corte de Justicia, el juez del Tribunal de Impugnación, Luciano Martini (hijo de la exjueza de Corte, Sandra Bonari), otro juez de Garantías como Ignacio Colombo, el defensor oficial penal Carlos Genovese y hasta el exsecretario de Seguridad de Sáenz, Benjamín Cruz.
DISCUSIÓN
Micaela le cuestionó a Fernández el engaño inicial sobre su condición de abogado y éste le confirmó que venía ejerciendo ilegalmente la abogacía, amparándose en la matrícula de procurador y en la cobertura del Dr. Castellani, tras ello, con desparpajo le replicó diciendo: «¿Quién te va a creer a vos? Yo ya estoy acá en el fuero hace muchos años. Fíjate bien de dónde estás saliendo, es la casa de una jueza. ¿Vos crees que ella no me va a proteger? En cinco minutos te saco y te destruyo».
Desde ese momento, la denunciante comienza a sufrir un progresivo condicionamiento en su ejercicio profesional. Cuando Zunino pasa a intervenir en causas donde ella actúa como letrada, se le dificulta el acceso normal al juzgado, y Fernández le prohíbe acercarse, alegando que el personal del tribunal le tenía celos y que solo él podía moverse con libertad.
La situación adquiere mayor gravedad con la causa en la que el sargento del Servicio Penitenciario provincial Rodrigo Esteban Martínez fue acusado de venta de drogas. En la etapa inicial de la causa, Martínez es liberado y tras ello Fernández llega al domicilio de Micaela con dinero manifestándole que una parte del mismo debía entregarse a la jueza Zunino —a quien llamaba simplemente «Ada»— y otra al Dr. Feliciotti, como contraprestación por su intervención.
Zunino tomó la decisión de liberar al penitenciario sin comunicar la decisión a la fiscalía interviniente y tomó la decisión en las horas que reemplazó a la jueza interviniente Claudia Puertas por razones de salud.
Micaela se opuso a ser parte de ese circuito delictivo y al rechazar esa participación y pretender devolver el dinero, Fernández le advierte que si habla quedará tan involucrada como él.
A partir de entonces, se suceden hechos que la denunciante considera claramente intimidatorios: su casa aparece marcada reiteradamente, sufre un intento de robo con características especialmente amedrentadoras, y posteriormente arrojan un animal muerto en su garaje. En ese contexto, Fernández le dice explícitamente que todo ocurre por «haberte metido con la doctora» y que, si sigue hablando, «te van a terminar matando».
Además, se detallan conductas de deslegitimación y violencia simbólica: Fernández le hace comentarios xenófobos cuestionando su nacionalidad, y el Dr. Pío Castellani responde a sus planteos con expresiones despectivas sobre su condición de profesional joven. Cuando Micaela decide romper todo vínculo laboral y personal, Fernández difunde información médica y personal suya sin consentimiento, con el fin de hacerla pasar como inestable y desacreditar sus dichos.
SEBASTIÁN MARTÍNEZ
En junio de 2025, el marido de Ada Zunino cometió un acto de acoso y abuso -tocamientos-contra la abogada Micaela Plaza.
De acuerdo a lo denunciado, el hecho ocurrió en el hotel Sheraton, donde la Plaza se encontraba desayunando y allí se hizo presente Martínez, alcoholizado y con signos evidentes de provenir de un conocido boliche del centro de Salta.
Martínez ofició como operador judicial de Zunino al igual que Fernández y esa condición es un agravante al hecho en sí mismo, porque se interpreta como un hostigamiento hacia quien decidió apartarse de un circuito judicial delictivo.
DELITOS E IRREGULARIDADES DENUNCIADOS
Además de acusar por ejercicio ilegal de la abogacía a Marcelo Fernández, la abogada también denunció encubrimiento: de funcionarios y colegas por haber permitido, amparado y validado esa actuación irregular.
También denunció coacción y amenazas agravadas contra Fernández por haberla presionado para que guardara silencio, valiéndose de la influencia institucional y del temor por su integridad personal y profesional.
Otro cargo formulado es la presunta corrupción o cohecho: por la entrega o promesa de dinero a Zunino a cambio de decisiones favorables en causas judiciales.
Además, planteó cargos por abuso de autoridad: por el uso de la función judicial para favorecer a terceros y perjudicar a quien denuncia las irregularidades y violencia simbólica y discriminación: por expresiones que buscan deslegitimar a la abogada denunciante por su origen, género o trayectoria profesional y por la revelación de datos personales, como difundir información médica y confidencial sin autorización, con fines de desprestigio.
En sus presentaciones, Micaela Plaza Amado solicitó a la Fiscalía Federal que inicie la investigación completa de todos los hechos relatados, determine la responsabilidad penal que corresponda a cada una de las personas involucradas, adopte las medidas necesarias para preservar su integridad personal y profesional.