El auto percibido “trumpista” que se presenta como defensor de los productores, enfrenta acciones judiciales impulsadas por el expresidente de Tabacalera Sarandí, quien lo acusa de favorecer con sus cuestionamientos a las grandes multinacionales del tabaco.
Enrique Cornejo, uno de los senadores más alineados con Gustavo Sáenz, quedó en el centro de una disputa judicial que lleva la guerra tabacalera a un nuevo terreno. El legislador de General Güemes, que además se reivindica como “trumpista”, fue señalado por Pablo Otero, expresidente de Tabacalera Sarandí, como uno de los responsables de una presunta campaña de desprestigio contra su empresa y su persona.
La tabacalera inició acciones judiciales contra Cornejo y contra el exdiputado nacional Juan Manuel López, a quienes les reclama 600 millones de pesos. En el caso del senador salteño, la presentación vuelve a poner bajo la lupa su doble rol como legislador y síndico de la Cámara del Tabaco de Salta, desde donde participa activamente de las discusiones que involucran a productores, empresas y al Fondo Especial del Tabaco (FET).
Otero fue directo al señalarlo. “Cornejo y López no defienden al productor ni al fisco, defienden a Philip Morris”, sostuvo. Y fue todavía más allá: “Se vende como vocero del productor. En los hechos, su pelea no es contra el atraso del FET ni contra la plata que no llega a los plantadores”.
La acusación pega justamente en el lugar donde Cornejo construyó buena parte de su perfil político: la defensa de la actividad tabacalera y de los productores salteños. El senador viene cuestionando las diferencias tributarias entre las distintas empresas del sector y sostiene los reclamos vinculados con los recursos que deberían llegar al FET. Otero, en cambio, interpreta esas intervenciones de otra manera y sostiene que el verdadero beneficiario sería el sector concentrado de la industria.
“Convertirlo en cruzada contra Sarandí es otra cosa: devolverle el mercado a Massalin y BAT”, afirmó el empresario, en referencia a las grandes compañías multinacionales. La acusación forma parte de la disputa entre las partes y deberá ser discutida en la Justicia, pero introduce una pregunta incómoda sobre los intereses que aparecen detrás de una pelea presentada públicamente como una defensa de los productores.
El enfrentamiento tampoco empezó ahora. En junio de 2025, el juez federal Daniel Rafecas, con dictamen fiscal coincidente, sobreseyó a Otero en una de las causas mencionadas y dispuso el archivo de otras denuncias por inexistencia de delito. El empresario utiliza ese antecedente para cuestionar las acusaciones posteriores y sostener su ofensiva judicial, aunque aquella resolución no determina por sí misma la responsabilidad de Cornejo en las nuevas actuaciones.
“Cornejo denuncia lobby ajeno y calla el propio”, disparó Otero. Es, probablemente, la frase que mejor resume el nuevo capítulo de una pelea en la que se mezclan productores, multinacionales, impuestos, recursos públicos y política. Y donde el senador saencista que suele hablar en nombre del tabaco ahora deberá explicar, también ante la Justicia, cómo entiende esa representación.