La propuesta y eventual designación de jueces para un Máximo Tribunal provincial no puede reducirse a un trámite administrativo ni a un simple cálculo de mayorías. Se trata, por el contrario, de una decisión de enorme trascendencia institucional que exige, como condición indispensable, el cumplimiento estricto de valores éticos por parte de quienes ejercerán la magistratura, tanto en su vida privada como en sus conductas en la función pública. La función judicial no es un cargo más: es el pilar sobre el que se sostiene la paz social y la convivencia democrática.
La confianza pública que demanda el ejercicio de la judicatura no se construye únicamente con títulos académicos o con una carrera judicial. La muestra está, hay cortesanos que nunca litigaron. Se edifica, sobre principios éticos que orientan y legitiman el poder de juzgar. En la ética judicial suelen reconocerse tres principios rectores: independencia, imparcialidad y motivación.
Para el gobernador Gustavo Sáenz impone una pregunta inevitable: ¿pueden los jueces propuestos honrar la Moralidad Republicana consagrada en las Constituciones? El interrogante se vuelve más inquietante cuando los postulados son, en la actualidad, funcionarios del propio Gobierno Provincial, designados previamente por el Poder Ejecutivo.
Esa circunstancia no es menor ni puede relativizarse: genera una duda razonable y fundada sobre la real independencia, imparcialidad y motivación de las decisiones que eventualmente adopten desde el máximo tribunal de Justicia.
Esta desconfianza no es caprichosa ni responde a prejuicios personales. En la actuación de la Corte de Justicia de Salta en los últimos años, con fallos que fueron revocados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que evidenciaron un desempeño incompatible con los estándares mínimos de independencia e imparcialidad.
Esos episodios no solo dañaron causas concretas, sino que profundizaron el desprestigio institucional del Poder Judicial, frente a un deterioro imposible de ocultar.
La mala imagen de la Justicia (en todo el país) no es fruto de campañas maliciosas ni de ataques temerarios. Es consecuencia directa de una sucesión de errores, omisiones y decisiones que dejaron al descubierto el incumplimiento de la moralidad republicana y de los valores éticos que deberían guiar la función jurisdiccional.
Para los ciudadanos de Salta, sería deseable que quienes aspiran a integrar la Corte de Justicia de Salta se constituyan en verdaderos defensores de la moral republicana y de la ética judicial. Sin embargo, la experiencia histórica de los salteños, y en particular de los ejercen la abogacía, reduce esa expectativa a una probabilidad mínima. Aun así, queda la esperanza, tal vez ingenua, de que alguna vez la realidad nos obligue a admitir que estábamos equivocados
Martín Plaza y Martín Diez Villa para completar la Corte de Justicia de Salta, tras finalizar los mandatos de Ernesto Samson y Guillermo Catalano. Los pliegos al Senado y se abre ahora una etapa de análisis público y legislativo de antecedentes. Dada la mayoría oficialista se estima que serán oficializados.
Por Roberto Chuchuy