La liberación del referente indígena confirma lo que las comunidades denuncian hace años: cuando el reclamo es por la tierra, la respuesta del Estado no es diálogo ni protección, sino patrulleros, fiscales diligentes y expedientes hechos a medida.
Mientras la selva chaqueña arde bajo el avance del desmonte y las comunidades originarias reclaman por sus tierras, la maquinaria estatal parece tener más prisa en fabricar imputaciones que en proteger derechos. La reciente liberación de Leonardo Pantoja, referente wichí de la comunidad Misión Chaqueña, no debe leerse como una victoria, sino que es apenas la confirmación de que la presión y la visibilización son las únicas salvaguardas contra un sistema judicial que encarcela a quienes defienden el monte y los derechos ancestrales.
Pantoja fue detenido la semana pasada en Embarcación luego de acudir, junto con Marta Herrera, a un destacamento policial para denunciar amenazas de muerte vinculadas al avance del empresario Claudio Ferrari sobre tierras indígenas. Ferrari, aseguran las comunidades, ha alambrado y cercado partes del territorio ancestral, preludio del desmonte ilegal que pretende consumir el monte nativo que sostiene la vida y la cultura wichí.
La detención, ordenada por la fiscal Gabriela Souto, presunta parienta del empresario Ferrari, no fue casual: llegó sin notificación previa ni garantías claras y mientras la comunidad registraba las amenazas y la degradación ambiental.
La liberación de Pantoja este lunes, tras días de detención, se dio apenas por el correr natural del proceso y tras el impulso de defensores legales; pero sobre él, como sobre Herrera antes, pesan múltiples imputaciones que nadie logra explicar y que parecen más construcciones jurídicas que causas con sustento real.
La abogada Mara Puntano, quien asumió la defensa de Pantoja, sintetizó la denuncia en términos que deberían hacer temblar al Estado provincial: “No hay causas reales para que Leonardo esté preso. Lo que hay son causas armadas para acallar los reclamos de las comunidades indígenas, cuyos derechos el Estado provincial vulnera de manera sistemática”, le dijo a Nuevo Diario.
Señaló además que la Fiscalía y la Policía actuaban “bajo presión del empresario”, obstaculizando incluso el acceso al expediente para preparar una defensa adecuada.
Esto no es un caso aislado ni una casualidad. Es parte de una estrategia más amplia de criminalización de la lucha indígena en Argentina, documentada año tras año: referentes que denuncian desmontes o violaciones a derechos territoriales acaban encausados, mientras los desmontadores quedan impunes. El propio Pantoja tiene una historia de activismo profundo, con décadas de lucha por la tierra y el monte que hoy enfrenta al poder económico y a un Estado que, lejos de proteger, parece cooptado por intereses extractivos.