Tras el veto a la ordenanza que establece la actualización de los valores de la exención al impuesto inmobiliario, la concejal Carolina Am cuestionó la decisión adoptada por Bettina Romero. En una entrevista con Opinorte, además, comentó cómo será la actividad del cuerpo deliberativo comunal durante el verano.
En primer lugar, la edil advirtió que la suspensión de la ordenanza se realizó fuera de término: “entró un día después de los plazos legales, por lo tanto la ordenanza sigue vigente. Ahora, el trámite es que el Concejo la vuelve a enviar la ordenanza para su promulgación directa”.
En ese sentido, explicó en una entrevista con Opinorte: “La ordenanza plantea una actualización de los montos para acceder a las eximiciones de los impuestos inmobiliarios, principalmente para los que tienen una jubilación mínima, desempleados y discapacitados. Se estaba considerando una jubilación mínima por grupo familiar y ahora se lo amplió a dos jubilaciones mínimas; para los desocupados era de un sueldo mínimo vital y móvil a dos sueldos por grupo familiar; esto teniendo en cuenta los criterios de la inflación. Lo que hicimos fue ampliar el rango económico, no se agregaron nuevos tipos de eximiciones, se actualizaron los montos”.
Además resaltó: “También se planteó en el artículo 142 bis que, en vez que las personas jubiladas y con discapacidad tengan que presentar todos los años los papeles para acceder a estas eximiciones, lo hagan una vez y al año siguiente presentan sólo una declaración jurada diciendo que su situación no cambio respecto al año anterior, para poder continuar con estos beneficios sin tanta burocracia”.
Y la presidenta de la comisión de Hacienda acotó: “La opinión del municipio y la Secretaría Legal y Técnica está en los considerandos, una de las que me llamó la atención fue que no los invitamos para armar esta ordenanza. Siendo presidenta de Hacienda, como política invitamos generalmente a la gente de Hacienda de la Municipalidad para tener una opinión, pero no estamos obligados a hacerlo; somos distintos poderes, Legislativo y Ejecutivo, podemos dictar la ordenanza sin tener la opinión directa de ellos.
“Por otro lado, dicen que es facultad del Ejecutivo percibir los impuestos y nosotros no les estamos quitando esa facultad; la facultad de Legislativo es la de dictar ordenanzas que eximan y/o condonen los impuestos, que es lo que estamos haciendo. Los considerandos no tenían ninguna razón, más allá de que se haya presentado fuera de término”, indicó y soltó el siguiente dato: “lo que se recauda por LuSal, por el alumbrado público, es aproximadamente 1050 millones de pesos anual”.
Actividad en el Concejo en verano
Por otro lado, se refirió a la actividad actual de los ediles. “Estamos trabajando, esta semana nos reunimos por este veto y porque ingresaron unos pliegos para llamar a licitación por el tema de las foto multas”, comentó a nuestro sitio web.
Y agregó: “Elaboramos un informe sobre ello para prevenir la igualdad de los oferentes, ya que hay una empresa, CECAITRA, que tiene todas las cámaras colocadas, se pidió por resolución que se retiren esas cámaras y siguen estando. Hace dos años se iba a hacer la contratación y el Consejo pidió que se de marcha atrás. Creemos que eso presenta una desigualdad entre los otros oferentes; es decir, si una empresa ya tiene todo instalado, dónde está el principio de igualdad de una licitación”.
“También solicitamos que se ponga un tope al porcentaje que se llevaría la empresa a licitar, porque cada empresa propone un porcentaje, de esa forma la mejor propuesta es la que gana”, acotó.
“Otra de las cuestiones que pedimos, es que se prevea cuál es la inversión que tiene que hacer la empresa para saber si conviene o no al Municipio. Por último solicitamos capacitación para los ciudadanos antes de poner las foto multas, para que sepan dónde hay cámaras y tomen conciencia”, completó.