La funcionaria del Ministerio Público, es quien llevó a cabo la causa contra el diputado opositor Emiliano Estrada y fue denunciada por trabajar con un auxiliar que pertenece a la policía y está acusado de estafas electrónicas.
La fiscal provincial, Sofía Cornejo Solá, quedó expuesta en el Congreso nacional, cuando en la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales, el diputado bonaerense Rodolfo Tahilade, dijo que tuvo un crecimiento patrimonial exponencial. ¿Podrá justificarlo?

En el portal El Intra, la información fue tratada del siguiente modo:
Una audiencia parlamentaria para tratar el desafuero de un diputado nacional derivó en una pesadilla personal. La fiscal de cibercriminalidad de Salta, Sofía Cornejo Solá, se vio repentinamente bajo los reflectores. Su historial previo ya generaba un particular escepticismo entre los periodistas. Es conocida porque habría fraguado causas judiciales en contra de comunicadores. Además contrató a un perito cuyas dudosas prácticas ponen en tela de juicio todos sus fallos recientes. Ahora su problema parece ser mucho más grave y de una escala diferente. Un diputado nacional la denunció por la adquisición de terrenos con valores millonarios.
Es un hecho conocido que el sueldo de un fiscal no es nada despreciable. Cualquier ciudadano promedio firmaría por ese ingreso estable y digno. Sin embargo, la situación se torna complicada de imaginar en los últimos dos años. Resulta difícil explicar cómo la funcionaria judicial reunió una fortuna tan considerable. Las estimaciones hablan de entre 200 y 300 millones de pesos. Esa suma habría sido destinada a comprar un terreno en una zona exclusiva de la provincia. La geografía salteña es vasta, pero ella eligió la más cara.
La denuncia fue esgrimida con vehemencia por el diputado Rodolfo Tailhade. Él fue quien aseguró con contundencia los detalles de las operaciones inmobiliarias. Afirmó que la fiscal habría adquirido terrenos valuados entre 100 y 150 mil dólares. Subrayó que ella no podría justificar de manera alguna la compra de esas propiedades. El diputado suele tener declaraciones bastante incendiarias y polémicas. Pero hay algo que no vamos a negarle, maneja información muy precisa y actualizada. En los pasillos se susurra que su fuente son sus conexiones con los servicios de inteligencia.
Como el río suena porque agua trae… Las denuncias presentadas por el diputado nacional kirchnerista activaron los mecanismos de investigación periodística. Pudimos averiguar que efectivamente habría algunos movimientos sospechosos en su patrimonio. En plena efervescencia del supuesto armado de causas contra opositores, incluido este diario, sucedió algo peculiar. La fiscal habría adquirido un inmueble en la zona de San Lorenzo. Esa localidad es famosa por sus paisajes y por el altísimo valor de sus propiedades.
Todavía no hay muchos más detalles sobre la supuesta adquisición realizada por la funcionaria. Es un misterio que seguramente intentarán proteger con máximo celo. Ahora que se conoció la denuncia, el blindaje informático será aún más férreo. Su objetivo será evitar que algún periodista curioso, como quien escribe, investigue. Querrán impedir que averigüemos la ubicación exacta y el valor real de los terrenos. Solo con esos datos podremos establecer la verdad financiera de la fiscal. También si es factible que con su salario haya logrado comprar inmuebles de ese valor.
Por ahora solo podemos contrastar algunas hipótesis duras y probadas, con otras pendientes de confirmación. Existe una denuncia formal presentada en la Cámara de Diputados de la Nación, esa es una premisa probada. Y resta confirmar si existe la compra de un terreno en una de las zonas más caras de Salta. Tendremos. También quedará establecer si la adquisición fue realizada por la propia fiscal de ciberdelitos, Sofía Cornejo Solá. Uno se pregunta si algún colega suyo actuará de oficio para investigar. La duda es si lo denunciado por el diputado nacional es real o no. También si la fiscal tiene el dinero para semejantes propiedades o no. O si existió algún delito como enriquecimiento ilícito, evasión o lavado de activos.
Por ahora, las esperanzas de una investigación profunda se desvanecen rápidamente. La justicia provincial muestra una parálisis inexplicable frente al caso. Parece complejo que se atrevan a investigar a la niña mimada del Grand Bourg. Su figura está ligada al cuestionado fiscal Pedro García Castiella. Esta conexión añade otra capa de complejidad al ya enredado asunto. La impunidad parece ser un lujo que algunos en Salta todavía pueden permitirse.
No obstante, en estas columnas seguiremos desandando el camino de esta espinosa cuestión. La fiscal Sofía Cornejo Solá deberá acostumbrarse a que la miren fijamente. La luz pública es el mejor antídoto contra las sombras de la duda. Mientras tanto, su nueva propiedad en San Lorenzo debe tener unas vistas maravillosas. Vistas que, quizás, no eran necesarias para cumplir con su deber de perseguir ciberdelincuentes. La ciudadanía salteña merece respuestas claras y una justicia que no tenga precio.
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