La causa judicial contra un diputado opositor refleja una capciosa interpretación de una figura delictiva y busca que se adopte la consideración unísona de la relación entre el Estado, sus funcionarios y el narcotráfico.
La imputación al diputado nacional Emiliano Estrada y a tres de sus asesores, por el presunto delito de intimidación pública, puede representar un grave riesgo de avasallamiento de las libertades democráticas orquestado desde las propias instituciones judiciales.
La figura de intimidación pública, contenida en el artículo 211 del Código Penal, contempla una pena de dos a seis años a quien infunda un temor público o suscite tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos.
Esa entidad de provocar temor público y conmoción en la sociedad, es para la fiscalía interviniente, que se advierta sobre la posibilidad de peligrosos vínculos entre el poder político provincial y el crimen organizado, a través de la divulgación de videos en la red social Tik Tok.
Ahora bien, más allá del formato breve, simple y sin el compromiso de fundamentar los contenidos -como es habitual en estas publicaciones-, los videos tienen como base información pública y que se desprende precisamente del accionar judicial, básicamente desde lo que aportó un proceso como el juicio por el asesinato del operador político oficialista, Darío Monges, mano derecha del exsecretario de Seguridad, Benjamín Cruz, principal referente del partido político del actual Gobernador.
En estos términos, para Ministerio Público Fiscal de Salta, que alguien se atreva a esbozar una advertencia o señalamiento que no vaya en su línea argumentativa, incurre en un delito. Esto fue puesto de manifiesto por Sofía Cornejo, fiscal de Ciberdelitos, a cargo de la investigación, quien declaró que “hubo un esfuerzo conjunto entre Nación y Provincia en la lucha contra el narcotráfico, tuvimos muertes por ajuste de cuentas, jueces destituidos y una serie de medidas fuertes y se entiende que hay una política de estado de luchar contra el narcotráfico, y todos estos videos son herramientas o armas de alcance masivo, que buscaban vincular a instituciones estatales con esta situación y causa alarma a toda la población”.

En un comunicado previo a la conferencia de prensa de Sofía Cornejo, el Ministerio Público Fiscal, señaló que “vincular de manera anónima y con alcance masivo que un titular del Poder Ejecutivo es el jefe del narcotráfico o tiene vínculo con carteles de droga, en una provincia como Salta (es de público conocimiento lo sucedido en los últimos meses en nuestra provincia al respecto), posee objetivamente entidad para causar temor en la ciudadanía respecto al rumbo del lugar donde viven, miedo y temor a que la Provincia de Salta se convierta en un territorio violento a merced de la criminalidad organizada”.
Esto significa que el Ministerio Público, en lugar de indagar, citar a los autores de tales aseveraciones para que rectifiquen o aporten pruebas de lo publicado, propone un blindaje mutuo en el que este organismo y el Poder Ejecutivo sean incuestionables.
Por otra parte, si bien es cierto que la ciudadanía salteña puede percibir ‘miedo y temor’ por el posible destino de un narcoestado, los funcionarios judiciales en lugar de disipar esos temores a partir de sus facultades y accionar, deciden acallar a quienes plantean la advertencia.
En tal sentido, esa curiosa interpretación de la figura delictiva (art. 211 C.P.), desatada contra un referente de la oposición política que además es diputado nacional, se apoya en la narrativa de un accionar que, si bien fue relevante, como la denuncia a dos jueces y a un intendente del departamento Orán, no implica, en absoluto, el combate al crimen organizado en todos sus frentes.
En efecto, de manera paralela a las denuncias contra los jueces Claudio Parisi y Francisco Oyarzú, el primero ya destituido, se desarrolló en el ámbito de la Justicia Federal, el juicio por el asesinato de Darío Monges, del que se desprendieron alarmantes datos y evidencias que confirman no hay ni hubo un combate integral al crimen organizado.
Por caso, es importante recordar que durante las últimas audiencias de juicio mencionado, la defensora oficial del Tribunal Oral Federal de Salta, Clarisa Galán, manifestó que “no se puede negar la vinculación entre el narcotráfico y el poder político de Salta”. Tal aseveración puede representar, con el criterio del Ministerio Público Fiscal, una acción delictiva de intimidación pública, pero el ministerio optó por desconocerla al igual que todo el arco político oficialista provincial. Es importante señalar que la fiscal Sofía Cornejo fue consultada sobre esto, pero respondió que desconoce del tema.
No fue la única luz de alerta encendida en la Justicia Federal, también el fiscal federal Eduardo Villalba indicó que “Benjamín Cruz debe ser investigado por narcotráfico” y la defensa de los condenados por el crimen de Monges, aseguró que “fue vergonzosa” la primera parte de la investigación del hecho que estuvo a cargo del propio Ministerio Público Fiscal de la Provincia. En ese marco, se denunció que hubo cierta protección al exsecretario de Seguridad, ya que no se le peritaron sus teléfonos.
Hay otro aspecto vital que deja expuesto el sesgo con el que se justifica la causa de Intimidación Pública, tiene que ver con la conmovedora divulgación del video en el que el asesinado Monges se reúne con el líder delictivo Cristian ‘Gringo’ Palavecino, presentándose como emisario de Cruz y estableciendo acuerdos.
En voz del fiscal penal provincial Ramiro Ramos Osorio, ascendido el año pasado al cargo de Fiscal de Impugnación propuesto por el Gobernador Sáenz, en la causa en la que está imputado Benjamín Cruz, sólo fue investigado por el presunto delito de tráfico de influencia, es decir por haber autorizado la visita irregular de Monges a un sicario preso en Orán.
“Se habló de los chats y otros temas, nosotros lo que estamos investigando el acceso al penal”, dijo Ramos Ossorio dejando en claro que ni el contenido de los videos de Palavecino con Monges, ni la comunicación de este último con Cruz, fueron materia investigativa en el Ministerio Público Fiscal de Salta, a pesar de la inmensa gravedad de esos hechos.
Como se evidencia, el combate al narcotráfico y los reclamados esfuerzos de Provincia y Nación invocados por Cornejo, no fueron más que una acción importante pero parcial y dejaron de lado las líneas investigativas más importantes, ya sea por impericia, negligencia o dependencia.
Frente a estas evidencias, es claro que la pretensión de Sofía Cornejo y su superioridad de bloquear y silenciar cualquier advertencia de vínculos entre el poder político de Salta y el crimen organizado, tiene un cariz de totalitarismo, ejecutado por el sistema judicial y orientado a blindar a un “incuestionable” Poder Ejecutivo provincial.
Por si alguien lo olvidó, se entiende por totalitarismo a aquellos regímenes en los que el Estado concentra todos los poderes en un partido único y controla coactivamente las relaciones sociales bajo una sola ideología oficial.