La Cámara baja provincial promocionó el proyecto de afiliación obligatoria de los jueces al IPS y lo puso en el temario de esta semana. Sin embargo, todo quedó en meras intenciones y a pesar de la firma de 35 diputados oficialistas, la iniciativa no llegó al recinto.
Finalmente sucedió. La comisión de Legislación Genera, presidida por la ultra saencista Socorro Villamayor, resolvió el no tratamiento de un proyecto de ley que buscaba fortalecer el financiamiento de la obra social provincial -IPS-, a partir de un principio de igualdad, toda vez que quienes ostentan cargos jerárquicos, sobre todo en el ámbito judicial, también cobran sus haberes del Estado provincial, al igual que los afiliados forzosos.
La iniciativa, impulsada por el bloque Todos por Salta, el bloque mayoritario presidido por Germán Rallé y al que pertenece el presidente de la Cámara, Esteban Amat, proponía modificar la Ley 7127 con el objetivo de ampliar la base de aportantes y garantizar la sostenibilidad de la obra social provincial, que atraviesa serias dificultades económicas.
Amat y 34 de sus pares, (es decir una amplia mayoría) propusieron que el personal en actividad de los tres poderes del Estado, junto a autoridades superiores de entes descentralizados, empresas estatales y organismos autárquicos, queden incluidos como afiliados obligatorios del IPS.
Sin embargo, en la mañana del martes, todo quedó en meras intenciones ya que el proyecto naufragó en la comisión de Legislación General, donde se le hizo lugar a las presiones de la casta judicial y de otros ámbitos, en los que sus jerarcas, interpretan como una deshonra, tener la misma obra social que sus subalternos.
El proyecto se formuló luego de un año de intervención de la obra social provincial, decisión que se tomó por un enorme pasivo inicial calculado en $25.000 millones, pero que, en lugar de sanearse, se multiplicó en los meses subsiguientes. En consecuencia, la búsqueda de financiamiento genuino, fue vista como una válida opción.
ESCONDEN LA MANO
Según se supo, en la comisión que preside Villamayor, el proyecto se frenó y no fue dictaminado ante un presunto pedido del IPS, para realizar un estudio previo de cálculo de costos.
Dicho de otro modo, se busca hacer un cálculo sobre cómo y cuánto impactaría la afiliación de jueces y demás jerarcas de la Provincia, para luego tomar como excusa que esos aportes no resolverían el déficit del IPS.
La cara para frenar el proyecto la puso la obra social provincial, pero la presión, se sabe dónde se originó.
