La ministra de Educación de Salta pide aranceles para ciudadanos residentes y que, tras la graduación, hagan residencias en “lugares complejos”.
La ministra de Educación de Salta, Cristina Fiore, abrió una puerta que hasta hace no tanto parecía impensada en el discurso político local: la del arancelamiento universitario. Lo hizo sin rodeos, con una lógica que corre el eje del derecho a la educación hacia una mirada más cercana al costo y la rentabilidad. “Me parece interesante que las universidades puedan cobrarles y que luego hagan residencias en lugares que son complejos”, le dijo al periodista Jorge Calvo, dejando en claro que, para ella, el problema no es la falta de oportunidades, sino quién paga por ellas.
El planteo se inscribe en un contexto donde el saencismo viene mostrando, cada vez con menos disimulo, un corrimiento hacia posiciones más alineadas con la derecha económica y el discurso del ajuste. La educación, históricamente defendida como un derecho universal en la Argentina, empieza a ser leída desde otra lógica: la del gasto que hay que justificar. Y ahí aparece Fiore poniendo números donde antes había principios.
“Formar a un profesional a nosotros como Estado, a todos nosotros, porque en definitiva todo eso se nutre de nuestros impuestos que pagamos todos, nos cuesta muchísimo. Al pueblo argentino le cuesta”, argumentó la ministra.
Fiore busca instalar la idea de que el acceso a la universidad pública es una carga que debe ser compensada. Como si el problema fuera quién estudia y no por qué faltan médicos en Santa Victoria Este o en Tolar Grande.
La ministra propone que quienes se formen luego “devuelvan” con residencias en “lugares complejos”. “Sería interesante alguna suerte de pasantía”, deslizó. La idea, presentada como solución pragmática, deja más preguntas que respuestas. ¿Se trata de garantizar derechos en el interior profundo o de cubrir con obligación lo que el Estado no logra con políticas sostenidas?
En lugar de fortalecer el sistema para que haya más profesionales dispuestos a trabajar en zonas postergadas, Fiore busca condicionar el acceso o imponer obligaciones. Es, en definitiva, trasladar el problema estructural a quienes intentan formarse.
El saencismo empieza a mostrar una cara distinta a la que supo construir. Una más cercana a las recetas de ajuste, donde el Estado deja de ser garante para convertirse en cobrador. Donde la educación deja de ser una inversión social para pasar a ser un costo que alguien tiene que pagar.