Una vez más, la sociedad salteña atraviesa un duelo que puede ser traumático si se rompe el contrato de justicia que debe haber entre la ciudadanía y el Estado.
Rodolfo Ceballos (*)
Las muertes súbitas y misteriosas causan un alto impacto psicológico en la comunidad. La del comisario Vicente Cordeyro dejó una huella profunda, que contiene ansiedad, desconfianza en el cumplimiento de la ley y el viejo padecer la vulnerabilidad.
En la relación entre ciudadanos se da el lazo social que, muchas veces, se fortalece por medio de la solidaridad y la compasión. Justamente esos afectos ocurren con la muerte del policía.
Lo que quedó reflejado otra vez, es el duelo que vive la sociedad salteña. Pero el duelo puede ser traumático si se rompe el contrato de justicia que debe haber entre la ciudadanía y el Estado. La frustración ahora pasa porque la justicia, nuevamente, es percibida como ineficaz y sin rostro humano.
¿Suicidio o crimen? Es la estructura de una duda profunda en la conversación pública. Todas las respuestas que quieren constestar la opción caen irreductiblemente en una atmósfera de incertidumbre forzada. Trauma que queda sin poder ser elaborado. Ese rasgo negativo incide en la comunidad para que ésta siga erosionando la confianza en sus instituciones.
Por una justicia a medias, hay pesimismo social, hoy medido en las encuestas políticas como el descreimiento a que el Esta resuelva las necesidades materiales y simbólicas de los ciudadanos.
A su vez ese pesimismo, se demuestra en aversión a los políticos que, preocupados por conseguir votos, buscan el presentismo en las urnas. Tienen horror al ausentismo electoral que la sociedad suele usar para castigarlos junto con la indiferencia por la política.
El Estado desertó hace tiempo como garante del cumplimiento de las leyes, protector de la transparencia en la comunicación de los hechos cuando están involucradas figuras de alto perfil.
El pesimismo, síntoma social y psicológico de esta época, se debe, entre otras causas, al silencio de las instituciones que deben cuidar a los ciudadanos. Está instalada la apatía política junto a la desmotivación ciudadana. Y partir de esa sensación de depresión compartida, se escucha degradar a los fallos de la Justicia, a las investigaciones de los delitos y a pensar que la falta de responsables prueba la presencia de la impunidad, ya elevada a la categoría de ausencia de parámetros éticos.
Si hoy solo existe el dolor privado o la indignación pasajera, es porque se impuso la deslegitimación institucional, las reglas perdieron sentido y abunda la percepción muy subjetiva de que todo es arbitrario en la justicia.
Por el momento, el caso Cordeyro permanece solo en el rumor, en el silencio oficial o en el vértigo de la información periodística. Es necesario que lo acontecido ocurra únicamente en el plano de la verdad judicial.
Para la sociedad, la impunidad constante convierte al Estado en un actor sospechoso.
(*) Periodista especializado en temas de psicología y salud mental.