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jueves, marzo 28, 2024

De ambos lados del mostrador: una maniobra recurrente y llamativa

La denuncia contra el movimiento Evita por asociación ilícita y desvío de fondos en favor de funcionarios nacionales que además son referentes de la organización, representa un nuevo hecho en el que se procede haciendo la vista gorda. En Salta hay ejemplos similares.

La información metropolitana indica que la Coalición Cívica denunció una “asociación ilícita” y desvió de $3 mil millones a funcionarios que también son referentes del Movimiento Evita. Esto despertó la incógnita respecto a cuántos negociados hay en este tipo de gestiones donde existen políticos que se encuentran de ambos lados del mostrador.

Según este esquema, los acusados otorgan y controlan porque ellos mismos presentan las propuestas, aprueban los proyectos e inspeccionan el destino de los fondos. Es decir, la maniobra delictiva está anclada en tres ejes y tiene como vértice a la cúpula de la organización social oficialista, encabezada por Emilio Pérsico.

La descripción de la maniobra, que tramita en Comodoro Py desde agosto del año pasado, es por “trasferencias directas de recursos estatales por un monto de $3.836.167.660 que fueron a las arcas del Movimiento Evita y las organizaciones políticas, cooperativas, asociaciones civiles, fundaciones y demás organizaciones de la sociedad civil vinculadas o que integran dicho Movimiento”, tal como indica la denuncia efectuada días atrás.

Y por casa cómo andamos…

En Salta tenemos un caso paradigmático de un alto funcionario provincial: el Coordinador de Enlace y Relaciones Políticas del Gobierno e hijo de la presidenta de la empresa ABE S.A., firma dedicada a la fabricación de adoquines con domicilio en el parque industrial de Güemes, la cual, como se sabe vende sus productores al gobierno y a todos las gestiones municipales.

El gran aporte a la gestión de Pablo Outes fue adoquinar casi todos los municipios. Así lo dejó de manifiesto la diputada provincial Cristina Fiore quien comentó que en su caso no pude ejercer como abogada “por una incompatibilidad pero no vale para un funcionario que está vinculado a la venta de adoquines y casualmente maneja un Fondo Compensador Municipal de 1.300 millones de pesos y oh casualidad en todos los municipios es impresionante la cantidad de adoquines que se están comprando“.

Otro caso es Sergio Chibán, que además de ser presidente de la Liga salteña de Fútbol es Secretario de Deportes de la Provincia. Asumió en la función pública el 1 de octubre del 2021 sin dejar de ejercer como presidente de la entidad. Y eso ya era llamativo.

Pero todo se tornó aún más difuso a partir del momento en que la Liga salteña decidió incursionar en el negocio de la venta de indumentaria deportiva instalando su propia fábrica y marca.

Chibán reconoció en una entrevista publicada en Nuevo Diario (el 1 de marzo del corriente año) que Liga Salteña de Fútbol tiene fábrica de ropa y que le vendió (sic) indumentaria al club Central Norte y a distintas instituciones.

Entre esas instituciones que hace mención están Salta Básquet y Salta Vóley, que son equipos patrocinados y sostenidos por el Gobierno provincial, el cual a su vez es el principal sponsor de Central Norte. En un parte de prensa oficial del Gobierno, con fecha del 2 de agosto de 2022, se anunció que Salta Básquet vestirá la marca Terra.

Entonces, la secretaria de Deportes a cargo de Chibán hace un contrato con la firma de ropa de la liga salteña de futbol, cuyo presidente es el mismísimo Chibán. En concreto: una misma persona vende y se compra a sí misma. He ahí como mínimo una incompatibilidad ética.

Hay muchos otros casos más, por ejemplo, vale recordar que desde OPINORTE advertimos que Juan Carlos Segura, presidente de la Cámara de la Construcción de Salta y propietario de varias firmas del rubro, fue designado como secretario de Obras Publicas de la Municipalidad de Salta.

Años atrás en los estatutos de los clubes y ONGs era una condición que las instituciones se mantuvieran independientes de la política. Con los años esto cambio y algunas personas comenzaron a utilizar a las instituciones como trampolín para llegar a cargos públicos.

Sin duda, los clubes de futbol, fueron los elegidos por los inescrupulosos que tras alcanzar la presidencia luego pasaban al gobierno provincial o municipal, aunque como presidentes de clubes no hayan dejado más que deudas. Sus gestiones fueron un desastre: es que el inútil en un lado, es inútil en todos lados.

La Subsecretaría de Inspección de Personas Jurídicas debería controlar este tipo de maniobras perjudiciales para las instituciones, pero evidentemente mira para otro lado.

Los memoriosos recuerdan que, años atrás, cuando Ricardo Villada ingresó como funcionario municipal en la capital renunció a la presidencia de la Cámara de Comercio salteña. Esa conducta es la que se debería tomar como ejemplo a seguir en estos casos.

Los funcionarios y dirigentes políticos involucrados, en aras de la transparencia tienen la obligación ante el pueblo de aclarar todo esto. De no ser así mantendrían una nebulosa, en la cual- al parecer- no les disgusta estar. O es que el deseo de dinero y la ambición de poder son más importantes.

Por Enrique Briones 

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