Los ministros de Economía e Infraestructura de la Provincia se reunieron con los veinte nuevos intendentes, en el marco de la preocupación por la situación económica y la paralización de la obra pública. ¿El adoquinado no se toca?
Los ministros de Infraestructura, Sergio Camacho, y de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, analizaron con los 20 nuevos Intendentes temas vinculados a la economía, obra pública y presupuesto, además de definís canales de diálogo y comunicación para que la relación entre Provincia y municipios sea más efectiva en contexto de crisis.
Tras la reunión, el Gobierno destacó que la relación con los municipios siempre fue estrecha, e invitó a los intendentes a trabajar en conjunto para afrontar de la mejor manera las medidas anunciadas por Nación.
Sin Presupuesto
Camacho hizo mención que no será posible disponer de un presupuesto provincial ya que el presupuesto nacional va a ser prorrogado y lo mismo ocurrirá con el de la provincia “y por ende deberá ocurrir con los de los municipios”.
El actual presidente del Foro de Intendentes, Daniel Moreno, indicó que “lo más importante son las obras que se están ejecutando”, por lo cual abogó por la continuidad de las mismas y pidió a sus pares “no perder las esperanzas”.
Adoquines
En muchos rondó la intención de consultar sobre si se dará continuidad a la política de obra pública impuesta por la Provincia a los municipios, particularmente con la colocación de adoquines provistos por la empresa vinculada al excoordinador de Enlace y Relaciones Políticas y actual diputado nacional, Pablo Outes, teniendo en cuenta la experiencia de los últimos cuatro años en Salta.
El alejamiento “por arriba” de este funcionario, sumado a los anuncios de suspensión de la obra pública, a priori implicarían una tregua en la modalidad de adoquinados forzosos en los municipios.
En cualquier caso, el reciente encuentro fue para irse conociendo y tener en cuenta el carácter de los nuevos jefes comunales. No es un asunto menor, en 2016, cuando se tomó el crédito del Bicentenario (USD 350 millones), el fastidio de intendentes como Mario Cuenca y Julio Jalit por el reparto, sacó a la luz los negociados con obra pública que se pagaba pero no se ejecutaba durante el Gobierno de Urtubey.