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lunes, junio 29, 2026

Denuncian al diputado Segura por vender mercaderia al Estado por $674 millones

El presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Carlos «Uluncha» Saravia, presentó una denuncia penal contra el diputado provincial Daniel Segura por la presunta comisión de los delitos de omisión maliciosa en la declaración jurada de bienes y negociaciones incompatibles con la función pública. «No solo cobra una dieta, también hizo negocios con el Estado», dijo en Infinito FM. 

La denuncia también solicita que se investiguen las presuntas presiones ejercidas por el legislador para condicionar las decisiones del organismo regulador, luego de la polémica generada por los reclamos del diputado en torno a las tarifas eléctricas.

Saravia sostuvo que todo comenzó tras comparar públicamente la postura del legislador con la política comercial de la empresa familiar.

«Hemos tenido desde hace unos días una secuencia bastante extorsiva o alguna práctica de chantaje por parte del diputado Segura», denunció.

Según su dijo, otro legislador le habría anticipado una campaña de desprestigio. «Nos dijeron que iban a hacer lo que están haciendo ahora: instalar el desprestigio porque estaba molesto porque tocamos a su empresa y que lo podía hacer porque era diputado y tenía fueros», aseguró.

Saravia afirmó que las críticas posteriores formuladas por Segura en la Cámara de Diputados terminaron de convencerlo de recurrir a la Justicia. «No voy a ceder a los aprietes. Hoy fui e hice la denuncia porque además tengo la obligación legal de hacerlo», remarcó.

En la presentación judicial, Saravia sostiene que Daniel Segura posee el 25% de las acciones de Miguel Segura S.A., empresa que, según la documentación acompañada, obtuvo contratos con distintos organismos provinciales por $674.558.810 entre 2021 y 2026 para la provisión de módulos alimentarios, víveres y mercadería destinada a programas sociales.

Entre las contrataciones figuran compras realizadas por los ministerios de Gobierno y Desarrollo Social, la Agencia de Contención y Desarrollo Comunitario y la Jefatura de Gabinete.

Para Saravia, esas operaciones serían incompatibles con el ejercicio de la función pública. «Segura no solo cobra una dieta legislativa; además, por vía indirecta, mediante una empresa donde tiene un 25% que ocultó, obtuvo beneficios con contrataciones públicas. Esto está prohibido», sostuvo.

También aseguró que el legislador habría omitido consignar esa participación societaria en las declaraciones juradas presentadas ante la Escribanía de Gobierno.

«Él dice que tiene participación accionaria producto de una donación, pero no dice que tiene el 25 por ciento, no dice que es director suplente de la empresa y no le informa al Estado que esa empresa contrata con la Provincia», afirmó.

Saravia sostuvo que tanto la Constitución Provincial como la Ley de Declaraciones Juradas N.º 3382 y la Ley de Contrataciones N.º 8072 impiden que funcionarios públicos mantengan intereses particulares en contrataciones estatales.

«No podemos jugar, por interpósita persona, a hacer plata con el Estado. O la sociedad tiene un diputado adentro y no contrata, o el diputado sale de la empresa para que pueda competir. Las dos cosas no se pueden hacer», enfatizó.

En ese sentido, aseguró que la investigación no apunta únicamente a un eventual perjuicio económico sino a preservar la transparencia de las contrataciones públicas. «Acá no hace falta ni siquiera que exista un daño patrimonial. Lo que se protege es la transparencia de la administración pública», expresó.

El funcionario también solicitó que se adopten medidas para impedir nuevas contrataciones mientras se investigan los hechos denunciados.

«Acá no tienen que contratar más. Los vivos que hacen negocios con el Estado después no pueden presentarse como si nunca hubieran tenido intereses económicos con la administración pública», manifestó.

Finalmente, Saravia sostuvo que detrás de las críticas que recibe existe un intento de condicionar el accionar del organismo regulador.

«Lo que aquí quiere hacer Segura es apretarnos. Quiere que nos vayamos, quiere que no pague nadie nada y quiere que le hagamos la campaña política. Eso no va a ocurrir», concluyó.

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