El ministro de Economía reconoció que hubo nombramientos que no pasaron por la Junta Calificadora y confirmó que se suspendieron los pagos.
La polémica por la escuela fantasma sumó una declaración que compromete la explicación oficial del Ministerio de Educación. El ministro de Economía de Salta, Roberto Dib Ashur, reconoció que se detectaron designaciones que no atravesaron los procedimientos correspondientes, confirmó que se suspendieron los pagos y estimó que el costo podría rondar los 300 millones de pesos mensuales para las arcas provinciales. Sus declaraciones en Día de Miércoles, contrastan con la versión de la ministra Cristina Fiore sobre los mecanismos de designación en el sistema educativo.
Dib Ashur explicó que el ingreso a la administración pública tiene procedimientos específicos según el área, pero remarcó que en Educación existe un mecanismo que debe respetarse. “Para entrar al sistema educativo, tenés que ingresar por la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina”, sostuvo. Luego aclaró que “la mayoría de los cargos, excepto en los administrativos, donde te designa Recursos Humanos del Gobierno de la Provincia, el resto lo tiene que hacer a través de la Junta Calificadora”. Las designaciones en la Escuela fantasma no pasaron por la Junta.
El funcionario también explicó cómo está conformado ese organismo, al señalar que se trata de “una junta colegiada con los gremios y con el Gobierno”. La descripción no es un detalle menor frente a las irregularidades denunciadas en torno a la escuela fantasma, donde se cuestionaron designaciones de personal docente y de otras funciones sin que estuviera claro el procedimiento administrativo que las respaldaba.
Consultado por esos nombramientos, Dib Ashur fue categórico: “Eso no corresponde”. Además, confirmó que el caso ya motivó la intervención de la Sindicatura de la Provincia y de Recursos Humanos del Gobierno. Sobre este último organismo, hizo una salvedad que también merece atención: consideró que no debería intervenir en ese control, porque “debe controlarse solo el sistema”.
La pregunta siguiente permitió conocer qué encontraron los organismos que comenzaron a revisar las designaciones. “Han aparecido algunas denuncias sobre designaciones que no habían pasado por el proceso que tenía que pasar”, reconoció el ministro.
Dib Ashur confirmó, además, que el Gobierno tomó una medida sobre esas remuneraciones. “Ahora, en este momento, se han suspendido los pagos de esas personas que están”, afirmó. Ante la consulta sobre si los agentes cuestionados estaban identificados, respondió que Recursos Humanos “ya por lo menos no está pagando el sueldo y está terminando de dictaminar”. Es decir, según lo informado por el propio ministro, los pagos fueron interrumpidos mientras se completan las actuaciones administrativas.
El dato económico terminó de dimensionar el escándalo. Cuando le preguntaron cuánto representaban mensualmente esas designaciones para el Estado provincial, Dib Ashur respondió: “Hay un número, que son cerca de 300 millones por mes”. Inmediatamente, sin embargo, introdujo una precisión: “De todas maneras, nosotros necesitamos saber e investigar más”. La cifra, por lo tanto, fue presentada como una estimación inicial y no como un monto definitivamente establecido, pero alcanza para abrir interrogantes sobre la magnitud del gasto y los controles que debieron funcionar antes de que se produjeran los nombramientos.