Tras conocerse que el Gobierno provincial pretende comprar un millón de vacunas al laboratorio Johnson & Johnson, el parlamento salteño se dispuso a debatir al respecto.
Luego del visto bueno de la camara de senadores, en diputados se siguió el camino. Durante el debate, las posiciones rondaron entre la denuncia sobre que se está dando un “cheque en blanco al Gobierno y los laboratorios» y la necesidad de acompañar al Ejecutivo en la posibilidad de adquirir vacunas.
Más de 7 horas duró el debate. «Con esto (por la ley) podemos llegar a tener un amparo legal”, dijo la diputada Socorro Villamayor. Y resaltó que es un “desafío de todos los gobierno y los pueblo conseguir la protección de su gente”.
Los contratos y convenios que se celebren deberán ser remitidos a la Auditoría General de la Provincia y a las autoridades de las dos cámaras legislativas, con los recaudos correspondientes para respetar las cláusulas de confidencialidad que pudieran incluirse en los mismos. Las facultades y autorizaciones tendrán vigencia mientras dure la emergencia sanitaria declarada por la ley nacional 27.541, ampliada por el decreto 260/20 y por la norma que a futuro la prorrogue.
También, quien se mostró en contra de la iniciativa fue el diputado Carlos Zapata. El legislador aseguró que habría que dejar a la Nación para que se negocie directamente la compra de las vacunas, ya que tienen más poder para negociar y que no se deben “generar falsas expectativas”.
La diputada Cristina Fiore también reclamó por la indemnidad que se les da a los laboratorios. “Muchos (por los diputados que hablaron antes) dijeron que hasta ahora no se mostraron daños graves, pero hay que preguntarles a los familiares de los que tuvieron problemas por las vacunas”. La diputada fue clara: “Todo el que hace daño debe resarcirlo”.
Decidieron retirarse del recinto los diputados Claudio del Plá (PO), Baltasar Lara Gros (PRS), Héctor Chibán (Adelante Salta-Radicales en Juntos por el Cambio) y Julio Aurelio Moreno (Ahora Patria).
La ley se aprobó con 43 votos positivos y pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.