El gobernador salteño está en las antípodas de su par rionegrino, en cuanto a la decisión que debe tomar el Congreso sobre las reformas del actual Gobierno nacional. No obstante, parece no pesarle el asumir el costo político, bajo el argumento de que tiene como afrontarlo.
Del “vamos a acompañar lo que tengamos que acompañar” de Gustavo Sáenz el pasado 19 de diciembre, luego de la reunión entre el presidente Milei y los gobernadores, horas antes de publicarse el polémico DNU, al “hay que dar las herramientas necesarias”, para que salga la Ley Ómnibus, de esta semana en la entrevista con Alejandro Fantino, ha pasado mucho, pero poco ha variado la postura del gobernador salteño.
De hecho, los diputados nacionales que le responden directamente, (Pamela Calletti, Pablo Outes y Yolanda Vega) han optado por la ambigüedad, las vacaciones o bien un vergonzante silencio, respectivamente.
Sus intervenciones en los plenarios de comisiones, fueron prácticamente nulas y al acercarse las definiciones, se conoció un comunicado en el que el bloque “Innovación Federal”, del que forman parte los diputados salteños saencistas, junto a la bancada “Hacemos Coalición Federal”, en el que señalan que tienen el compromiso de “colaborar con la gobernabilidad y darle al Gobierno las herramientas que necesita”.
La única salvedad que se advierte en el comunicado es la oposición a que se afecte el ingreso de los jubilados (ya licuado por la inflación galopante), y que no se le aumente impuestos a los sectores de la producción. De la delegación de superpoderes al presidente, no hay mención alguna, pese a que es el punto más objetado del proyecto.
Costo y capital político
En este contexto convulsionado, las declaraciones de Gustavo Sáenz de esta semana ante el periodista Alejandro Fantino, hacen avizorar un acompañamiento a Javier Milei desde el Grand Bourg.
En Salta, por su parte, la movilización del miércoles, acompañando el paro, fue una de las más masivas de los últimos años y el mensaje de la CGT fue claro: se repudia el apriete a las Provincias y se acompaña a Sáenz siempre y cuando el gobernador no apoye al presidente, de lo contrario, se pondrán en la vereda del frente.
Teniendo en cuenta que Salta tiene siete diputados nacionales, la alianza entre olmedistas de Ahora Patria y libertarios, anticipa otros tres votos favorables a la Ley Bases, los de Carlos Zapata, Emilia Orozco y Julio Moreno. En soledad quedará la votación negativa del único diputado peronista, Emiliano Estrada.
Ese repaso sobre la representación de Salta en la Cámara de Diputados de la Nación, sirve para recodar que luego de las elecciones de 2023, tanto provinciales, pero sobre todo las nacionales, el principal espacio opositor a nivel provincial lo encarna “Ahora Patria-LLA”. Ese factor fue el que le expusieron a Sáenz como elemento definitorio a la hora de pagar el costo político de avalar la Ley Ómnibus de Milei.
En otros términos, los embates más duros pueden llegar del “olmedismo”, pero si el saencismo confluye con ellos en el Congreso, solo se esperan los reproches del peronismo salteño que quedó en “Unión por la Patria”, con escasa resonancia.
La desarticulación del peronismo provincial es notoria y habilita este tipo de decisiones audaces en los asesores de Gustavo Sáenz, a punto de incorporarlo junto al tucumano Osvaldo Jaldo, al lote de gobernadores alineados, entre los que se encuentran Rogelio Frigerio (Entre Rios); Alfredo Cornejo (Mendoza); Gustavo Valdés (Corrientes); Ignacio Torres (Chubut); Carlos Sadir (Jujuy); Leandro Zdero (Chaco); Marcelo Orrego (San Juan); Claudio Poggi (San Luis); y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Por su parte, el mandatario de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, indicó recientemente que le genera “angustia” que el Gobierno nacional pretenda “quebrar” la decisión de los mandatarios, aunque planteó objeciones puntuales a la ley.
En resumen, Gustavo Sáenz parece dispuesto a pagar el costo político de avalar el ajuste en una provincia pobre y teniendo en cuenta que desde el punto de vista político, la oposición salteña quedó en minoría. Al menos hasta marzo, cuando empiece el año legislativo, la protesta social aparece como principal factor de oposición y cuestionamiento en Salta. (PRA)
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