En la sesión de Diputados de este martes, se debatirán dos proyectos de modificación del Reglamento de la Cámara. Una de las propuestas fue presentada por la diputada Sofía Sierra del PRO y la otra por el oficialismo; ambas representan visiones opuestas sobre cómo deberían ser los procedimientos legislativos y su apertura a la participación ciudadana.
El proyecto de la diputada Sierra busca promover la participación de la sociedad en los procedimientos legislativos. Entre sus principales propuestas se encuentra la publicación en la página web de la Cámara de todos los proyectos y dictámenes emitidos por las comisiones, así como la implementación de tiempos de espera obligatoria en el tratamiento de los proyectos de ley. Estas medidas pretenden permitir que los sectores involucrados puedan realizar aportes, críticas o sugerencias antes de su aprobación.
En contraste, el proyecto presentado por el oficialismo busca mantener las prácticas actuales de la Cámara y, en algunos aspectos, incluso acentuarlas. Por ejemplo, propone eliminar la obligatoriedad de contar con un dictamen emitido con cinco días de antelación para que un asunto pueda ser incluido en el Acta de Labor. Esta medida va en contra de las buenas prácticas legislativas que reconocen la importancia de otorgar tiempo suficiente a los legisladores y a la sociedad para conocer y analizar los asuntos.
Además, el proyecto oficialista también busca eliminar la norma que obliga al presidente de la Cámara a proponer el presupuesto anual del cuerpo, dejando esta decisión a su discreción. Aunque esta norma ya se incumple actualmente, su eliminación formalizaría esta situación y otorgaría al presidente una discrecionalidad absoluta en este asunto.
Sofía Sierra, al defender su proyecto, resaltó la importancia de garantizar tiempos razonables de análisis, consulta a expertos y a los sectores involucrados. Enfatizó que las prácticas legislativas tienen consecuencias directas en la calidad de la producción legislativa y destaca el ejemplo reciente de la ley antipiquetes, donde el tratamiento forzado de la misma generó problemas que tuvieron que ser subsanados posteriormente mediante el veto del gobernador.