Se retomaron ayer las declaraciones en el Juzgado Federal donde el primer testigo previsto para la semana, Sebastián Héctor Silva, que está imputado por ser socio del empresario Matías Huergo en cuatro empresas, no fue a declarar.
El dato es que al igual que Gerardo Romero, otro socio de Huergo, aseguró ser solo un «empleado». Evidentemente la estrategia de defensa de ambos seria demostrar que fueron contratados por las empresas investigadas y haber sido «prestanombres» de las diferentes sociedades. De ese modo, pasarían de acusados a víctimas.
La dependencia laboral de Silva en Arcadio, según su abogado, podría ser verificado porque «estaba en blanco». «Tenía una relación muy buena con Huergo, que al ver que trabajaba muy bien, lo quisieron retribuir dándole una participación como socio por su trabajo de empleado», justificó Teseyra. Habría trabajado en Arcadio durante «dos o tres años» y hasta febrero pasado, cuando le llegó un telegrama de despido sin causales, luego de la explosión pública de la causa.
Se rechazó la resolución de Bavio respecto desmembrar las causas
Tras el pedido del fiscal Carlos Amad en rechazo de la disposición de incompatibilidad argumentada por el juez Julio Bavio, la fiscalía provincial devolvió la resolución. Por ese motivo, solo avanza, hasta el momento, la causa por evasión de contratistas.
La Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, que se encuentra bajo la dirección de la fiscal María Eugenia Guzmán, rechazó el pedido del juez Bavio, respecto de dividir la causa que incluye evasión fiscal, contrataciones truchas y facturas apócrifas. Según Guzmán, no hay motivos legales suficientes, y la declaración no estaría “firme y consentida”.
«En caso de iniciarse la investigación por este Ministerio Fiscal, sin estar firme la sentencia que declara la incompetencia parcial emitida por usted, se vulneraría el principio del «ne bis in idem’, al ser el mismo suceso delictivo, objeto de investigación en dos jurisdicciones diferentes», expuso Guzmán en el escrito, fechado el 16 de mayo, aunque recién se conoció ayer.
La semana pasada, las declaraciones de los diferentes implicados solo estuvieron relacionadas a los delitos de evasión fiscal. Al respecto, Guzmán indicó que si la decisión de la Justicia federal quedara firme y se desdoblara la causa, «correspondería que se remitiera la totalidad de los antecedentes al Juzgado de Garantías en turno de la justicia provincial». «Ello, en razón de determinar el hecho y a los fines de resolver las cuestiones de competencia en razón de ese hecho determinado», sostuvo.
Por otra parte, el juez de Garantías, con vista al Ministerio Público Fiscal, deberá acceder tanto a las actuaciones como a la documentación vinculada con la causa, para analizar si corresponde su intervención en el caso.