Ante la evidencia de un escándalo de dimensiones impensadas por la designación de 300 cargos docentes en una escuela sin alumnos, desde la fiscalía se informó sobre una tibia medida investigativa tomada hace más de un mes.
La denuncia por presunta malversación de fondos públicos a partir de las designaciones irregulares, se investiga en la unidad fiscal de Delitos Económicos Complejos, que está a cargo de Ana Inés Salinas Odorisio.
De acuerdo a lo informado por el propio Ministerio Público Fiscal, Salinas Odorisio estaría procediendo con llamativa parsimonia y lentitud, toda vez que no se conocen resultados de un “pedido de informes” al ministerio de Educación sobre la existencia de la unidad educativa 7160 (la “escuela fantasma”) solicitado hace más de un mes, el 20 de agosto.
Lo que llama la atención es que en una investigación donde se busca conocer delitos cometidos a partir de manipulación de documentación y expedientes, la medida de la fiscal sea solicitar documentación al actor denunciado, es decir al ministerio de Educación.
No sería la primera vez que una fiscalía procede de forma diferencial y benévola cuando los acusados son funcionarios u organismos estatales provinciales. Nadie desconoce la cercanía política del jefe de los fiscales, Pedro García Castiella con el actual Gobierno provincial, quien lo designó en ese cargo y previamente lo convocó como su funcionario en su paso por la intendencia de Salta.
Tampoco se desconoce que el desgaste de la ministra Fiore a partir de este escándalo, en el que las denuncias se acompañaron de documentación oficial, terminará impactando en la imagen del Gobierno provincial y del propio gobernador.
En consecuencia, la docencia y la ciudadanía aguarda expectante que las instituciones y los funcionarios a cargo de esclarecer estos hechos, honren su función. Un actor ausente es el Poder Legislativo, si bien en Diputados se aprobó un pedido de informes sobre la escuela fantasma, ni siquiera los autores del mismo se encargaron de comunicarlo.
Al parecer, el acuerdo político entre Sáenz y LLA para que los últimos no critiquen la gestión provincial en la Legislatura, comienza a aportar a la opacidad y hasta puede pavimentar otra escandalosa impunidad ante los ojos de todos.