El 29 de diciembre de 2020 nos ha mantenido en vigilia a muchos ciudadanos argentinos. En la madrugada del 30, a las 4:32 am, se aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). La relevancia de pensar la implementación acompañada de procesos de monitoreo y evaluación. Por Lic. Gisele Giorgini (*)
Más allá de los argumentos a favor o en contra que se puedan tener sobre esta legislación y, de las mejoras que podría llegar a tener la ley (como tantas otras), este nuevo derecho permitirá poder comenzar a tener estadísticas oficiales sobre un evento privado e individual, pero que visto como fenómeno social, o hecho social usando el concepto del sociólogo Emile Durkheim, nos dejará poder gestionar de mejor manera los recursos del Estado.
En los países donde el aborto ya está legalizado está registrado que si bien la cantidad de abortos totales se mantiene constante, los abortos inseguros disminuyeron generando una menor mortalidad materna. Esta posibilidad de constatación, de evidencia empírica, permite tomar mejores decisiones y por ende gestionar cada vez mejor las políticas públicas.
La importancia de la estadística entonces, radica en el aporte que genera al momento de pensar la evaluación de una política pública. Ahora, la importancia de poder evaluar estas políticas se debe a que las mismas surgen para abordar problemáticas sociales que exceden las motivaciones individuales, por eso podemos pensar el aborto como un hecho social, es decir, como objeto de estudio de las ciencias sociales. Pero además, contar con datos empíricos permite (y es más que deseable) hacer un uso eficiente y racional de los recursos del Estado, lo que genera una mejor rendición de cuentas hacia la ciudadanía y, finalmente, aumenta la transparencia para poder conocer cómo y por qué se toman determinadas decisiones en la Administración Pública.
Comenzar a tener datos oficiales sobre el tema del aborto también permitirá crear programas, planes y/o proyectos cuya evaluación será fundamental para analizar la planificación, así como también retroalimentar el proceso de ejecución y avanzar a través de la medición del impacto que genera en la comunidad. Medir el cumplimiento de las metas establecidas, hacer un seguimiento para poder revertir (si fuese necesario) los supuestos que dieron origen a los lineamientos iniciales del diseño, frenar situaciones no deseadas y favorecer el mejoramiento de los indicadores que se establezcan, son gestiones indispensables que van más allá del mero control administrativo o financiero de una política pública. Asimismo, posibilitará las comparaciones entre países para analizar cómo, frente a características socioeconómicas similares (o diferentes), se logra cumplir las metas o no.
La evaluación, el monitoreo, la medición del rendimiento y desempeño para conocer el nivel de calidad de los servicios públicos son requisitos de los gobiernos modernos. Siguiendo diversas teorías administrativas y técnicas de investigación, los administradores públicos miden, evalúan y asignan fondos, dependiendo de los resultados de sus investigaciones, por lo cual la estadística es una herramienta fundamental.
Y, como ya está comprobado, conocer es Poder. Decidir es Poder. Entendiendo este concepto desde la perspectiva foucaultiana, es decir, como un ejercicio, como el desarrollo estratégico de una lucha, que siempre pasa por el cuerpo, que es el centro de la lucha, y donde hay que aceptar que es una lucha indefinida, aunque no implica que no haya un fin. En este sentido, podríamos expresar que la sanción de esta ley es un fin relativo. Ahora que se aprobó se transforma en un punto de partida y en una gran oportunidad de hacer un país un poco más justo e igualitario. Aunque esto, en parte, dependerá de la reglamentación en tiempo y forma y, más a mediano y largo plazo de su adecuada implementación así como de las sucesivas mejoras derivadas de los procesos de monitoreo y evaluación.
(*) Licenciada y Profesora en Sociología. Diploma Estudios Avanzados en Evaluación de Políticas Públicas