Así lo resaltó el presidente de dicha institución, Gustavo Giachero, quien sostuvo que existen obras que «denotan que no hay conocimiento ni de la construcción ni de la norma». Al mismo tiempo, señaló que el futuro del sector está en las edificaciones más amigables con el ambiente.
El presidente del Colegio de Arquitectos de la Provincia, Gustavo Giachero, dijo que Salta está bastante adelantada en materia de planificación urbana comparando con la ciudad chilena de Valparaíso, apreciación en la que destacó el PIDUA 2: «Es la única ciudad del país, creo, que tiene un plan regulador de un área centro tan desarrollado y tan protector de lo que es nuestro patrimonio”.
Sin embargo, Giachero señaló que hay una sobre planificación ya que en algunos casos falta ejecutar las regulaciones que se han impulsado en el tiempo. En ese sentido, admitió que las normas del COPAUS (Comisión de Preservación Arquitectónico Urbanístico) son restrictivas y que por ello se genera reticencia de parte de las constructoras. Pero resaltó que el turismo “ve una Salta muchísima más ordenada que hace diez años atrás” y que es “un ejemplo de preservación en el país”.
En cuanto a la proyección a corto plazo en la Ciudad, el titular del Colegio de Arquitectos dijo que la tendencia ahora es “tratar de hacer una ciudad más sustentable, ir hacia las energías renovables y empezar a proyectar viviendas más bioclimáticas, llamémosle, para ahorrar energía”.
Respecto a las edificaciones en los barrios capitalinos, Giachero sostuvo que “pasa mucho que la mayoría de las viviendas del IPV (Instituto Provincial de la Vivienda) resultan de entrada chicas; entonces, inmediatamente, después de hacer las medianeras divisorias, muchos vecinos empiezan a ampliar su casa y por ahí llaman a un albañil, por lo general no llaman a un arquitecto”.
“Cuando les cae la multa, porque están construyendo sin planos, recién recurren a nosotros”, explicó en el programa televisivo “El Acople Informativo” el presidente del organismo que nuclea a unas 1.700 personas matriculadas.
A su vez, al señalar las irregularidades en ciertas construcciones, como cables colocados sin caños, el referente de los arquitectos cuestionó: «Hay obras muy clandestinas que denotan que no hay conocimiento ni de la construcción ni de la norma”.
Precisamente, OPINORTE viene señalando las irregularidades en la construcción en Salta, las cuales tuvieron un punto de inflexión durante la intendencia de Miguel Isa. Por caso, el ex director de Planificación y Desarrollo Urbano de la Municipalidad entre 2005 y 2009, Raúl Kalinsky, junto a otros exfuncionarios, deberá enfrentar juicio por presuntas maniobras ilegales en torno a las habilitaciones de unas 300 obras que se habrían ejecutado fuera del marco legal.
Según la parte denunciante, “los inconvenientes y daños cometidos por los que construyen y construyeron los edificios casi en su totalidad fuera de norma, están a la vista y afectando la vida de todos los salteños capitalinos”.
Entre las problemáticas heredadas de tales conductas se puede destacar la situación de las cañerías en particular y de la prestación del agua potable en general. El presidente de Aguas del Norte, Luis María García Salado, reconoció tiempo atrás que el 55% del líquido que ingresa en las redes se pierde como consecuencia del deterioro de la infraestructura.
El caso Kalinsky
Como se explicó anteriormente, Kalinsky fue sindicado como el ideólogo de la creación de la comisión de Análisis de Situaciones Atípicas (CASA)- creada por decreto del Ejecutivo- y la Comisión Asesora Técnica- aprobada en el Concejo Deliberante, organismos que luego se encargarían de autorizar las obras que a la postre fueron parte de la denuncia por irregularidades.
Las obras señaladas en la denuncia se encuentran dispersas sobre las calles Deán Funes, Pueyrredón, Ameghino, Almirante Brown, Santiago del Estero, Buenos Aires, Leguizamón, Santa Fe, Caseros, España, General Güemes, Sarmiento, Virrey Toledo, Córdoba, San Luis, Alvarado, Corrientes, Pellegrini, 25 de Mayo, Belgrano, Adolfo Güemes y Juramento.
Por su parte, vale recordar que en una de las obras investigadas falleció en 2009 el obrero José Luis Llanes. Ocurrió tras el derrumbe de una construcción a cargo de la firma Luxem SRL, caso por el cual los empresarios Mario Eduardo Nahum y Mario Héctor Borjas debieron abonar $300 mil en concepto de reparación del daño causado a la madre de Llanes. Un acuerdo que tuvo lugar tras múltiples dilaciones del Poder Judicial.