María Elena Jiménez en una entrevista con Opinorte advirtió que es poco probable lograr una indemnización “en su real magnitud a los damnificados por el enorme daño que se les ha ocasionado”. Son 9 los ex funcionarios municipales procesados. Las irregularidades de ayer son las consecuencias de hoy: la conexión entre la falta de agua y las construcciones ilegales.
A principios de noviembre se conoció el procesamiento del arquitecto Raúl Kalinsky, ex director de Planificación y Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Salta entre 2005 y 2009, durante la intendencia de Miguel Isa.
Kalinsky y otros ocho ex funcionarios fueron denunciados por la construcción ilegal de más de 300 edificios en propiedad horizontal que se habrían ejecutado contrariando códigos y normativa municipal. Una demanda que promueve hace ya 14 años la “Asociación de Vecinos del Área Centro” coordinada por la Red Sol que conduce María Elena Jiménez.
“Los inconvenientes y daños cometidos por los que construyen y construyeron los edificios casi en su totalidad fuera de norma, están a la vista y afectando la vida de todos los salteños capitalinos”, explica Jiménez sobre las consecuencias de las irregularidades denunciadas.
En diálogo con OPINORTE, la titular de la Red Sol sostuvo que el tratamiento de la causa iniciada en 2009 ha sido en los primeros tiempos lento, en parte por la carencia de infraestructura para llevar a cabo la investigación, en parte por sus características y complejidades. Una situación que pudo revertirse gracias al compromiso del abogado Javier Paz Soto de la secretaria del Juzgado que entiende en la causa.
Sin embargo, Jiménez fue cauta para expresarse sobre el futuro del caso: “Las expectativas que poseemos acerca de la resolución judicial que analiza la culpabilidad y responsabilidades de los acusados, hasta ahora son moderadas; personalmente creo que si continuamos con la vía recursiva como corresponde habrá muchos condenados, lo que poco confío es que se logre que se indemnice en su real magnitud a los damnificados por el enorme daño que se les ha ocasionado”.
“Lo que sí destaco es que mientras la causa judicial se sigue tramitando se han construido más de mil edificios ilegales en la Ciudad, lo que ha puesto el sistema de aguas en crisis terminal, como yo observo”, añadió. En rigor, la problemática del agua viene siendo una constante en la Capital; tanto es así que el titular de Aguas del Norte, Luis María García Salado, ha reconocido que el 55% del líquido que ingresa en las redes se pierde.
Sobre los avances en el tiempo para corregir irregularidades en la construcción de edificios en PH, la denunciante dijo que no observa ningún cambio y que todo sigue igual. “Mientras nosotros esperamos un apoyo de la Justicia durante catorce años, los desarrolladores urbanos, particulares, empresas constructoras, levantaron más de mil edificios fuera de norma”, apuntó.
¿Cómo es que pudieron avanzar tales construcciones?
Según explica Jimenez, “valiéndose de certificados anómalos de agua que les extiende la Prestadora Aguas de Salta, un facsímil de la auténtica factibilidad”. Así, continuó, “el desarrollador ingresa en la Municipalidad, abre el expediente de construcción del edificio, y salvado este detalle del agua, que aparece como el más difícil de obtener, construyen grandes edificios en altura y también pasan por alto otras disposiciones esenciales que exigen los Códigos de Edificación y Planeamiento Urbano”.
La presidenta de la asociación “Red Sol” consideró que la construcción de edificios de 1.500 a 4.000 metros de superficie de la manera antes detallada es un problema que difícilmente se solucionará, pues la provisión de agua potable “es un tema grave que ya entró en colapso, por la vetustez de las redes y su añejamiento”.
“Tal vez llegue el día que todos nos animemos a mirar la realidad y dejemos de escuchar disculpas sobre que no llueve, que están haciendo obras. Las redes son subterráneas, su verdadero Estado no se puede observar a simple vista, y los funcionarios no expresan la verdad sobre la contaminación con aguas cloacales, las roturas de caños, etc.”, concluyó.
El caso
Como se explicó anteriormente, Kalinsky fue sindicado como el ideólogo de la creación de dos comisiones que se encargarían de autorizar las obras que a la postre fueron parte de la denuncia por irregularidades. Ellas son: la comisión de Análisis de Situaciones Atípicas (CASA)- creada por decreto del Ejecutivo- y la Comisión Asesora Técnica- aprobada en el Concejo Deliberante.
En efecto, también se encuentran procesados quienes formaron parte de dichas comisiones: el arquitecto Pablo Brandan Valy y la ingeniera Laura García de Leonarduzzi. Así también, Víctor Marcelo Amado, ex director general de Fiscalización de Obras Civiles, terminó sobreseído de incumplimiento de deberes, pero fue procesado por presunta falsificación de documento público.
La lista de las personas procesadas por la jueza Mónica Mudsky se completa con Carlos Marcelo Cesano, quien ocupó el cargo de director de Obras Particulares en 2003 y con el ex director general de Obras Particulares, Gustavo Rodríguez, ambos procesados por incumplimiento de deberes; con José Erasmo Pistan; y con María Jimena Cuello y María Pía Ruiz de los Llanos.
Cabe señalar que Ruiz de los Llanos actualmente es la subsecretaría de Obras Privadas de la Municipalidad. Se trata de una funcionaria de confianza de María Eugenia Ángulo, con quien se conoce desde hace mucho tiempo por intermedio del Colegio de Arquitectos, y luego por haber estado en la sensible área en el gobierno de Isa donde se cometió el delito investigado.
Las obras señaladas en la denuncia se encuentran dispersas sobre las calles Deán Funes, Pueyrredón, Ameghino, Almirante Brown, Santiago del Estero, Buenos Aires, Leguizamón, Santa Fe, Caseros, España, General Güemes, Sarmiento, Virrey Toledo, Córdoba, San Luis, Alvarado, Corrientes, Pellegrini, 25 de Mayo, Belgrano, Adolfo Güemes y Juramento.
Por su parte, vale recordar que en una de las obras investigadas falleció en 2009 el obrero José Luis Llanes. Ocurrió tras el derrumbe de una construcción a cargo de la firma Luxem SRL, caso por el cual los empresarios Mario Eduardo Nahum y Mario Héctor Borjas debieron abonar $300 mil en concepto de reparación del daño causado a la madre de Llanes. Un acuerdo que tuvo lugar tras múltiples dilaciones del Poder Judicial.
Así las cosas, pese a la demora registrada en la causa, pareciera ser que resta cada vez menos tiempo para conocer la suerte de Kalinsky y los ocho ex funcionarios/as que han sido involucrados en las denuncias por irregularidades en la construcción de edificios. Hechos que, además, estarían vinculados a la falta de agua en el macrocentro.
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