En tiempos de crisis, se sabe, la tarea es agudizar el ingenio para procurar mayores recursos, por ello, senadores provinciales buscarán poner fin al sistema de pago de regalías mineras en base a declaraciones de las propias compañías.
El Régimen Integral de Grandes Inversiones -RIGI-, es uno de los principales ejes de debate en la Ley Bases que se analiza en el Senado de la Nación, donde abundan las advertencias de especialistas y sectores involucrados, sobre la pérdida de soberanía de las provincias sobre sus recursos naturales y el perjuicio de mayores ventajas para las compañías extranjeras, en perjuicio del ingreso de las provincias y el empresariado local.
Recientemente, el doctor en Geología, Guillermo Baudino, señaló el perjuicio que pueden tener los proveedores mineros, que en su mayoría desarrollan esa actividad económica a través de pymes. Además, sobre el RIGI, se encendió otra alarma, la del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), dando cuenta del ingreso de capitales del narcotráfico y la trata de personas a nuestro país y especialmente a Salta, al ser nuestra provincia un enclave de la minería en Sudamérica.
A pesar de ello, tanto el Gobierno provincial, lo comprueba la votación de los diputados saencistas (Outes, Calletti y Vega), como el sector empresarial a través de la Cámara Minera de Salta, apuestan con firmeza a la aprobación de la Ley Bases enviada por Javier Milei al Congreso. En tanto, desde la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (Capemisa), optaron por el principio de otorgar a través del callar.
Otra perspectiva
Leopoldo Salva, senador provincial por el departamento Los Andes, anticipó en una entrevista en radio Infinito965, que se están analizando proyectos en las comisiones para aumentar los ingresos en concepto regalías mineras.
Indicó que se buscan formas para que se beneficie la provincia en relación al impacto económico tendrá Salta cuando se empiece a producir litio.
«Se vislumbra que en los próximos años se va a producir bastante litio», señaló Salva y agregó: «hay un proyecto que hemos presentado para que las regalías sean por facturación”, es decir dejando el lado el régimen de declaraciones juradas, en el que las compañías declaran el monto a pagar en base a su propio control y por si fuera poco, lo hacen calculando el 3 por ciento del valor del mineral en boca-mina, es decir previo a cualquier proceso de industrialización y transformación.
Lo señalado por Salva, forma parte del articulado de la Ley Provincial 8229 de Regalías Mineras, que fue modificada en 2020, pero sólo en el capítulo de la distribución de fondos a los municipios y la Provincia, concentrando ésta última el grueso de los recursos.
En consecuencia, en el Senado entienden que están facultados para hacer las modificaciones pertinentes, aunque es probable que el Poder Ejecutivo provincial intente frenar ese debate y siga apostando al RIGI. (PRA)