La justicia hizo lugar a una acción de amparo y ordenó 45 días hábiles para que la municipalidad brinde información faltante del Ejercicio Financiero 2017, entre otros ítems.
Juan Domingo Aguirre debe rendirle cuentas al Concejo Deliberante de Joaquín V. González respecto a los últimos años de su gestión al frente de ese municipio, en el que hay más dudas que certezas sobre lo que se hizo o se hace con el dinero que ingresa. Así lo determinó el fallo de la jueza de Personas y Familia con competencia en Violencia Familiar y de Género del distrito judicial del Sur -circunscripción Anta- Andrea Viarengo.
El amparo pedía información faltante del Ejercicio Financiero 2017; información respecto del cánon por la concesión de tierras fiscales de Salta Forestal Ley 7623, así como las rendiciones de cuentas de dichos fondos.
También información sobre la ejecución del plan de obras públicas 2021 de Joaquín V. González e información faltante de las ejecuciones presupuestarias de recursos de 2021 y ejecuciones presupuestarias de gastos que fueron presentadas en forma trimestral y no en forma cuatrimestral como lo requiere la Carta Orgánica.
Además se ordenó un plazo de 45 días hábiles para la entrega de esta información a los amparistas: la del Concejo Deliberante de J.V. González, Ana Silvia Sarmiento; junto a los vicepresidentes del cuerpo: Macarena Navarro y Néstor Peres. Tiempo atrás Sarmiento ya había denunciado a la prensa que desde el año 2017 el Concejo Deliberante no recibía los balances y por ende no podían determinar en qué se gastó el dinero público. Incluso por ello el intendente Aguirre enfrentó una Comisión Investigadora y un Juicio Político donde el dictamen por mayoría fue destitución. Finalmente, no se logró hacerlo por falta de votos en el Concejo.
Sarmiento explicó que considera parte de sus funciones denunciar el incumplimiento en la rendición de cuentas de Aguirre, que ya va por su tercer mandato. Dijo que el mandatario no contesta los pedidos de informe del actual Concejo y que tampoco lo hizo en las gestiones anteriores. La edil sostuvo que fue la única que decidió la vía legal «el resto de concejales pidieron hace tres semanas que actúe la Auditoria General de la Provincia».