La experiencia indica que en Salta las declaraciones de “emergencia”, no suelen resolver los graves problemas. En el caso de la Municipalidad de Salta, el plus negativo es la cartelización de la obra pública, sin licitación pública.
En marzo de 2024, el Concejo Deliberante de Salta aprobó la Ordenanza ad referéndum 16.202, por la que se declara el “estado de emergencia en las calles”, para darle lugar al llamado “Plan integral de reconstrucción vial”, elaborado por la secretaría de Obras Públicas.
La declaración de emergencia por parte del intendente Emiliano Durand, tuvo lugar un mes antes de la aprobación del Concejo Deliberante y de manera previa al inicio de sesiones ordinarias. Era claro que se descontaba la aprobación por la mayoría agravada con la que cuenta el oficialismo y sólo los concejales Agustina Álvarez, Pablo López, Gonzalo Nieva y Laura Jorge Saravia, votaron en contra.
Según se informó, los objetivos de la Emergencia fueron “implementar en el menor tiempo posible un plan de arreglo de calles, agilizar los mecanismos de contratación y coordinar con organismos nacionales y provinciales la obtención de financiamiento”.
Ese mecanismo de celeridad, justificado en el enorme deterioro de las calles, al parecer no sólo se inspiró en la gravedad del problema, sino también en definir que el beneficio se capitalice en contrataciones direccionadas, evadiendo las licitaciones públicas.
Plataforma de negociados
A grandes problemas, grandes soluciones, es lo que establecen las buenas prácticas. Pero el gran contrasentido del intendente Durand fue que ante un gran mal, como el del estado deplorable de las calles, el remedio a aplicar sea beneficiar a un puñado de empresarios cercanos, mediante contrataciones directas, para obras no pequeñas, tal como lo habilita la declaración de Emergencia.
Veamos, la secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad, a cargo de Sergio Zorpudes, en licitaciones cerraras, otorgó 5705 millones entre cinco empresas, principalmente para trabajos de bacheos, durante la primera etapa de la Emergencia.
La distribución es la siguiente:
- “M.E.I. Obras y Servicios” 1611 Millones;
- IMECA 1141 Millones;
- CYL 1.065 Millones;
- CONPAC SRL 944 Millones
- TANJILEVICH 994 Millones.
Luego de ello, se reportó un nuevo desembolso, con las mismas características licitatorias, otros 1042 Millones entre dos empresas, con el siguiente detalle:
- Bacheo con hormigón en zonas A, B y C y ejecución de dársenas, a ejecutarse por la empresa CYL, 588 millones.
- Bacheo aplicación en frío. Bacheo y adoquines a ejecutarse por la empresa Urkupiña, con un monto de 454 Millones.
Aval de funcionarios
Además de Sergio Zorpudes, Luis D’Ottavio, director general de contrataciones de obras públicas de la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad, es uno de los que habilitó con su firma las licitaciones, amparados en las facultades que le otorga al Ejecutivo la Declaración de Emergencia.
Hasta ahora, ni el Concejo Deliberante ni el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad, han decidido intervenir para investigar cartelización de parte de las empresas con connivencia con la Municipalidad.