La abogada, también está implicada en una maniobra espuria en perjuicio de una familia que había contratado sus servicios profesionales. A poco de concretar la fraudulenta operación inmobiliaria en el perilago del Cabra Corral, fue electa diputada.
Otra enorme mácula de deshonra se posa sobre la conocida -no por virtuosa- abogada del fuero local y exdiputada romerista-olmedista-urtubeísta y justicialista. Las circunstancias la ubican como alguien que estafó a sus propios clientes, es decir a quienes le depositaron la confianza para que oficie en resguardo de sus intereses en su carácter de letrada.
Todo comenzó en octubre del año 2008, cuando Liliana Mazzone persuadió a una conocida familia salteña, para que realice una inversión inmobiliaria. La mujer puso todo su empeño en acelerar la operación de compraventa de un inmueble en el perilago del dique Cabra Corral, para que allí se proyecte un barrio cerrado en el sitio conocido como Bahía de Tortuguitas.
La tenaz insistencia de Mazzone logró su cometido ya que ella misma se propuso como socia del proyecto inmobiliario. Fue entonces que la familia que la contrató, compró el 50 por ciento de la propiedad por un valor de 95.000 dólares, los que se pagaron mediante la entrega de dos vehículos valuados en 72.000 dólares y un saldo de 23.000 dólares a pagarse desde enero de 2009.
Los contratos del convenio múltiple se firmaron el 16 de diciembre de 2008. La abogada y exdiputada, junto a su esposo, debían escriturar la propiedad a nombre de la familia inversora, pero demoraban el trámite aduciendo que primero debería estar conformada la sociedad. Una maniobra para dilatar los tiempos.
Una vez firmada la documentación, se conoció el informe de un ingeniero, el que constató que el proyecto inmobiliario no era viable, ya que el terreno se encuentra debajo de la cota mínima para la construcción de viviendas y desde EDESA se informó que no estaba prevista una extensión de la red eléctrica hacia ese lugar.
El señor Von Meiter, esposo de Liliana Mazzone, propuso a la familia inversora que vendan sus terrenos porque los servicios ya habían sido gestionados, pero hubo una negativa.
Tras ello, la familia inversora confirmó que la operación de la cuestionada abogada, consistió en una literal ESTAFA puesto que, a las irregularidades previas, supieron que la propiedad estaba embargada, por lo que en ningún caso se podía ejecutar algún emprendimiento inmobiliario.
Pese a ello, solicitaron que se escrituren los terrenos conforme a su inversión, lo que no sucedió porque Mazzone y su esposo, dilataron los tiempos con claros fines delictivos.
Lo pactado inicialmente implicaba que las partes afrontaban de manera igual los gastos como así también iban a repartir las ganancias del proyecto inmobiliario. Nada de eso sucedió habiendo transcurrido casi 15 años. Hasta la fecha, la familia inversora y estafada, no pudo cobrar los 72.000 dólares aportados más los intereses devengados.
La abogada posee un inmueble en Valle Escondido (catastro 149.969) el que curiosamente registró como bien de familia en abril de 2009, con el fin de que no sea un bien embargable. Su esposo, Von Meiter, es propietario parcial de otro inmueble en La Caldera (catastro 47) sobre el que pesan varios embargos.
A esto se le suma que en noviembre de 2009, Mazzone asumió como diputada provincial tras haberse postulado en una colectora de Alfredo Olmedo y durante su mandato, se valió de su condición de legisladora para dilatar y desalentar los reclamos de la familia que había confiado en sus servicios.
El clan Mazzone, como se observa, opera desde hace años con total impunidad en Salta. La inacción del Poder Judicial hace su aporte a esto.