Finalmente, el oficialismo impuso su decisión de evitar hasta el debate, con tal de no asumir el costo de rechazar un proyecto que le incómoda de sobremanera. El proyecto perderá estado parlamentario.
En la sesión de Diputados de este martes, la mayoría oficialista rechazó el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley de narcotest a gobernadores, funcionarios y legisladores.
El planteo fue hecho por el autor de la iniciativa, el diputado capitalino Juan Esteban Romero, quien la semana pasada reprochó a su par, Socorro Villamayor, quien como presidenta de la comisión de Legislación General, obstaculizó que se emita dictamen, lo que es condición para ser tratado en el recinto.
Ante ello, el último recurso es el tratamiento sobre tablas, para lo cual el pleno la Cámara se constituye en comisión y tras un debate se emite un dictamen favorable o negativo.
Pese a contar con una mayoría abrumadora, el saencismo bloqueó cualquier posibilidad de debate del narcotest. En tanto, el diputado Juan Esteban Romero señaló que #tratarlo sobre tablas es una herramienta concreta, una herramienta que ayudará a transparentar la política y garantizar que los que tenemos responsabilidad en el Estado, demostremos que estamos a la altura de las circunstancias y no tenemos nada que ocultar”.
ES UN BUEN PROYECTO, PERO NO
Una vez más, la diputada Socorro Villamayor guardó un llamativo silencio ante esta polémica.
Ante ello, el vocero de la postura oficialista fue el diputado Germán Rallé (bloque Justicialista Sáenz conducción), y en una breve alocución, dijo:
“No vamos a acompañar no porque estamos en desacuerdo, creemos que es un muy buen proyecto, pero no lo podemos tratar sobre tablas, esta Cámara no trata sobre tablas y debe ser discutido en las comisiones. Tomando lo que el diputado Romero propone, tenemos un proyecto superador donde queremos incorporar otras cosas, para demostrar que no tenemos problemas en acompañar, así que nuestro voto va a ser el rechazo”.
La intervención de Rallé, no es tan rigurosa si se tiene en cuenta que en más de una ocasión, la Cámara trató proyectos sobre tablas y ese recurso es reglamentario. Un ejemplo resonante tuvo lugar con la sanción de la Ley Antiprotestas durante la huelga docente de 2023.
Además, el posicionamiento de Rallé, trajo a la memoria la negativa de tratar un proyecto de ley para que la Provincia garantice una ayuda económica a familiares de policías caídos en cumplimiento de funciones, hasta tanto Anses efectivice la pensión correspondiente. Fue a fines de 2023, cuando el legislador oficialista impidió la sanción de esa iniciativa, con los mismos argumentos: es un buen proyecto pero se tratará más adelante.
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Duro reproche a Villamayor por bloquear la ley de narcotest a funcionarios
Fecha de ingreso: 25/11/2024
Expediente: 91-51605/24
Proyecto Ley
El Senado y la Cámara de Diputados de la provincia de Salta,
sancionan con fuerza de
L E Y
Artículo 1º.- Objeto: Establézcase como requisito de permanencia en los niveles políticos de la función pública, el carecer de adicción a drogas ilegales.
Artículo 2º.- Se establece como obligatorio la realización de un test antidroga y la obtención de un Certificado para desestimar la adicción a drogas ilegales a los siguientes funcionarios:
- a) Poder Ejecutivo: gobernador/a y vicegobernador/a hasta el rango de subsecretarios/as, autoridades de entes autárquicos y descentralizados, miembros de la policía de Salta hasta el rango de Subcomisario.
- b) Poder Legislativo: legisladores/as provinciales.
Artículo 3º.- Todos los funcionarios comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley, deberán realizarse, con carácter obligatorio los exámenes médicos y/o bioquímicos:
- Análisis de orina completo.
- Análisis de sangre completo,
- O los que resulten convenientes en función de su mayor precisión y efectividad para determinar la presencia o no de sustancias ilegales en sus organismos.
La técnica a usarse no debe limitarse solo a la detección del consumo de drogas en las últimas horas. –
Tal examen debe realizarse en un plazo de cuatro (4) meses de la puesta en vigencia de esta ley con periodicidad de un (1) año.
Artículo 4º.- La autoridad de aplicación de esta ley es el Ministerio de Salud de la Provincia de Salta.
Artículo 5º.-Los exámenes deberán ser realizados en instituciones médicas de la Provincia de Salta.
Artículo 6º.-Los resultados del examen (positivo/negativo) serán considerados “datos sensibles” en los términos de la Ley Nacional Nº 25326 la que será aplicable en todo cuanto sea compatible con la presente norma. Toda persona que tenga acceso al contenido de los mismos, tiene la obligación de guardar reserva de su contenido.
Artículo 7º.- Si se detectare la presencia de metabólicos de drogas ilegales se procederá del siguiente modo:
- a) funcionario designado: es causal de cese en la función pública;
- b) funcionario electo: se ejecutará la suspensión o la revocación del mandato sujeto al procedimiento previsto por la Constitución de la Provincia.
ARTICULO 8º.- En el caso que el examen diera positivo, el funcionario tiene derecho a exigir una contraprueba, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al resultado realizado. acompañado por un perito bioquímico de parte que designe el interesado.
Artículo 9º.- Durante todo el proceso el funcionario tiene el más amplio derecho de defensa y gozará de todas las garantías constitucionales.
Artículo 10º.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo no mayor a sesenta (60) días a partir de su promulgación.
Artículo 11º.- Invitase a los municipios de la Provincia, al Poder Judicial y al Ministerio Público a adherir a la presente ley.
Artículo 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fundamentos
La función pública exige que quienes gestionan actos de gobierno o representan al pueblo actúen con integridad, ética y responsabilidad, tanto en su desempeño laboral como en su conducta personal. No es admisible ni resiste discusión alguna que quien tiene responsabilidad estatal tenga vínculos con el consumo problemático de drogas. Un funcionario no puede enfrentar el narcotráfico y ser consumidor de drogas ilegales al mismo tiempo.
El consumo de drogas ilegales puede generar vulnerabilidades en la gestión pública, afectando la capacidad de los funcionarios para resistir presiones externas y tomar decisiones influidas por intereses personales. Esto pone en riesgo la gobernabilidad y la eficacia del Estado en la implementación de políticas públicas.Al comprar sustancias prohibidas, se financian organizaciones delictivas, atentando contra la seguridad de la sociedad y poniendo en riesgo la capacidad de toma de decisiones. Una persona con problemas de drogas no solo perjudica su rendimiento laboral, sino también su capacidad de tomar decisiones justas y equilibradas. Garantizar que quienes asumen cargos de relevancia no tienen vínculos con el consumo de drogas es un paso importante para reducir la posibilidad de que redes criminales cooptan las decisiones de gobierno.
La gestión pública eficiente y ética es clave para mantener la confianza de la sociedad. La ética pública no sólo exige la ausencia de vínculos con actividades ilícitas, sino también un compromiso activo con los valores que sostienen una democracia sólida.
Este proyecto refuerza la idea de que los funcionarios deben liderar con el ejemplo, promoviendo la legalidad y la transparencia en todos los niveles del gobierno. Además, fomenta una nueva cultura de responsabilidad pública al establecer un estándar de profesionalismo y ética en la función pública, contribuyendo a construir una política basada en la honestidad y la integridad.
Este tipo de controles en nada atentan contra los derechos individuales, ya que se realizan bajo estrictas normas de confidencialidad y respeto por la privacidad de los funcionarios. El consumo y la adquisición de sustancias ilegales fomentan la corrupción y debilitan al Estado, por ello se pone énfasis en el presente proyecto sobre los test de sustancias ilegales, buscando controles preventivos para dar seguridad a la sociedad y garantizar una administración pública transparente, responsable y comprometida con las necesidades de los ciudadanos.
Estos controles son coherentes con las políticas internacionales de transparencia y lucha contra el narcotráfico, en línea con las recomendaciones de organismos como la ONU y la OEA, que promueven la implementación de medidas preventivas en los niveles más altos de la administración pública. Al garantizar que quienes ocupan cargos de poder están libres de vínculos con el narcotráfico y el consumo de drogas, se refuerza la credibilidad de las instituciones y se envía un mensaje claro a la sociedad: el gobierno está comprometido con la lucha contra el narcotráfico en todos los niveles.