Se mueren niños de hambre y por la falta de agua.

En el triste norte de la Patria los niños mueren y los adultos sobreviven porque la planificación política es inexistente y, mucho peor aún, porque no pocos funcionarios hacen negocios personales y se benefician políticamente.

Feroz la indigna muerte se pasea por el Chaco Salteño, en el remoto y olvidado norte de la Patria.

Sabrán los historiadores y los antropólogos si su impune paso viene de hace 500 años, de hace 200 años, o de mucho menos, de tiempos recientes. Como sea, es inmoral e inaceptable.

Impotentes para cambiar el pasado, nos queda transformar el presente. Para ello se impone el fin de las excusas, de las explicaciones y de las buenas intenciones. Y se impone, urgente, la realización de acciones concretas para evitar las evitables muertes de niños pobres de toda pobreza.

Emergencia sociosanitaria

La muerte de al menos 8 niños y una joven madre, víctimas del hambre y la desnutrición, en las primeras semanas de las nuevas administraciones provincial y nacional empujó al gobernador Gustavo Sáenz a declarar la “Emergencia Sociosanitaria” y al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, a disponer asistencia inmediata para las comunidades más afectadas.

Desde entonces, hace un par de semanas, el mandatario provincial repitió una y otra vez que no piensa “esconder la realidad”. No lo dijo pero lo sugirió: sus antecesores escondieron la realidad.

Curioso porque su antecesor, Juan Manuel Urtubey, decía lo mismo. Y, de hecho para visibilizar y enfrentar la problemática, en diciembre de 2014 y diciembre de 2015, creó los ministerios de Primera Infancia y de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario para atender todo el territorio provincial pero, especialmente, la zona norte.

Todavía quedan en las calles salteñas los carteles de propaganda gubernamental con que Urtubey se despidió tras 12 años de gestión. “Gracias a vos” dicen los enormes letreros y detallan “132 Centros de Primera Infancia. 52.063 familias más con agua potable y 54.915 con cloacas. La mortalidad infantil y materna más baja de la historia”. Sáenz respondió con un discurso que se repite en los nuevos avisos de comunicación gubernamental. “Me da vergüenza, tristeza y dolor que se mueran niños de hambre y desnutrición por falta de agua y por falta de comida. Yo no tengo 2 meses de gestión pero asumo la responsabilidad que tengo” enfatizó.

No alcanza

Pero entonces, sí el anterior y el actual gobernador son conscientes de la dramática situación de los salteños del norte, ¿por qué se siguen muriendo chicos de hambre?

La respuesta es simple e inequívoca: porque el trabajo (político, económico, humano) de estos gobiernos y de los que los antecedieron es insuficiente y está mal realizado.

En ese norte triste los niños se mueren y los adultos sobreviven porque los dineros destinados son escasos frente a tantas necesidades y porque la planificación política es inexistente. Mucho peor aún, la gente se muere en el norte porque no pocos funcionarios aprovechan esa situación para hacer negocios personales y beneficiarse políticamente.

En marzo de 2012 y en diciembre de 2015 Urtubey tomó millonaria deuda externa para financiar el Fondo de Reparación Histórica de más de 200 millones de dólares y el Plan del Bicentenario por otros 300 millones de dólares. Es posible que esos más de 500 millones de dólares fueran insuficientes para revertir décadas de abandono pero, seguro, bien utilizados, deberían haber terminado con las muertes evitables. No sucedió porque algunas de las obras prometidas no se hicieron, porque las que se hicieron se pagaron más caro de lo debido, porque una parte de esos dólares quedó atrapada en la burocracia estatal y otra parte fue a parar a las cuentas bancarias de consultoras y fundaciones vinculadas a los funcionarios de turno y porque una parte imposible de precisar de esos dólares se utilizó para financiar campañas electorales. Juan Manuel y Rodolfo Urtubey lo negarán siempre pero sus campañas para las elecciones legislativas de 2013 y ejecutivas de 2015 y 2019 fueron financiadas con esos y otros dineros públicos.

La mentada constitución del Ministerio de la Primera Infancia, cueva de tecnócratas y oscurantistas, desnudó un perverso modo de intervención sobre la realidad: el Estado entregó a una entidad civil, la Cooperadora para la Nutrición Infantil del Dr. Abel Pascual Albino, el diseño y ejecución de la política sociosanitaria. En los hechos, las huestes de CONIN realizaban las tareas en territorio y en un moderno edificio lleno de computadoras los funcionarios de Primera Infancia procesaban la información para, supuestamente, diseñar las convenientes medidas de gobierno.

Presentado como novedoso y hasta revolucionario, el método de trabajo de Albino es tan viejo como la medicina misma: prevención y seguimiento de pacientes o personas en situación de riesgo sanitario. El problema no es ese sino el absoluto desentendimiento de las autoridades de gobierno de las responsabilidades que les son indelegables. Con el Ministerio de Primera Infancia absorbido en parte por Salud Publica y en parte por Desarrollo Social, es imposible saber cuál fue el presupuesto administrado por CONIN y de qué manera combinó sus acciones con las de los organismos públicos. Peor aún, es imposible saber qué se hizo con la información (fruto de 5 años de relevamientos sistemáticos) recolectada y cuáles fueron sus resultantes políticas públicas.

Un par de valientes periodistas denunciaron en el mes de noviembre, todavía lo siguen haciendo, la desaparición de la base de datos de Primera Infancia y la espuria intensión de un grupo de funcionarios salientes de vender esa información a las nuevas autoridades provinciales y a otros gobiernos del país y del extranjero bajo el nombre de “Proyecto Horus”. Hasta el momento ni Uryubey ni el ex ministro Carlos Abeleira dijeron una sola palabra al respecto. Tampoco lo hizo Sáenz. Lo único que se sabe es que después de negarlo y ante la insistencia de la prensa, la ministra de Desarrollo Social, Verónica Figueroa, reconoció que no recibió toda la información recabada durante la gestión de Urtubey. “Yo pedí los datos de la zona del norte y los que me dieron fueron del 2015 y del 2017 (…) Sé que hay datos de otras áreas, pero no los solicité” informó.

El objetivo de Primera Infancia era, justamente, sistematizar y unificar información útil para el mejor diseño de medidas de gobierno y políticas públicas. Lo dicho por Figueroa reveló el brutal fracaso de esa iniciativa gubernamental y lo denunciado por los valientes periodistas confirmó el latrocinio pretendido por Urtubey, Abeleira y otros ex funcionarios públicos. Fracaso y latrocinio que se completa con la estafa, recién descubierta, de los números oficiales de mortalidad infantil: el gobierno informaba un impactante descenso de 15‰ a menos de 10‰ pero ahora se descubre, a partir del testimonio de médicos e investigadores de Salud Pública y de la UNSa, que en la zona de influencia de Primera Infancia los indicadores son 3 o 4 veces superiores y se mantienen en niveles propios de África.

¿Por qué se siguen muriendo chicos de hambre en el Chaco Salteño? Porque allí no hay agua ni cloacas, no hay rutas ni viviendas, no hay fábricas ni comercios, no hay teatros ni museos. Porque los médicos y maestros de la zona son pocos y están mal pagos. Porque el Estado nunca llega para quedarse y sólo pasa en enero pero no para dejar incienso, oro y mirra como los Reyes Magos sino para repartir chapas y bolsones.

Los chicos se mueren en la provincia porque mientras los funcionarios de gobierno mal hacen su trabajo, los jueces y fiscales miran para otro lado y los miembros de los organismos de control ni siquiera miran. Y porque, con honrosas excepciones, los dirigentes opositores se dejan arrastrar a debates intrascendentes y no inciden en la agenda política.

No todos somos responsables

Junto con la declaración de la “Emergencia Sociosanitaria”, el gobernador Sáenz conformó una “Mesa Multisectorial” para trabajar sobre la cruel realidad del norte provincial. La idea no es mala. Coordinar los esfuerzos internacionales, nacionales, provinciales, municipales y sumar el aporte de distintas instituciones es correcto pero entraña el riesgo de responsabilizar a toda la sociedad, por igual y sin distinción, de lo que sucede en el triste norte salteño.

Y no todos somos responsables. O, al menos, no lo somos en igual grado. La pobreza, la desnutrición y la muerte de inocentes tienen responsables con nombre y apellido.

Para no retroceder a la prehistoria política y sólo considerando el último cuarto de siglo, aunque no los únicos, los principales responsables son Juan Carlos Romero, gobernador durante 12 años y legislador nacional antes y después de ocupar ese altísimo cargo, porque centró su gestión en la capital provincial y sólo fue al norte para autorizar negocios privados en materia agropecuaria y petrolera. Gilberto Oviedo, Manuel Brizuela y Sergio Camacho (hoy ministro de Obras Públicas) son responsables en representación de los demás funcionarios que acompañaron a Romero. Por lo antes dicho, Abeleira y Urtubey y Luis Gómez Almaraz y Edith Cruz, fallidos encargados de los Asuntos Indígenas y del Desarrollo Comunitario, son igualmente responsables. También lo son los ex ministros Carlos Parodi, Sebastián Gomeza y Javier Montero por un oscuro e ineficaz manejo de los dineros públicos; Silvia Pace, Marianela Cansino y Pamela Calletti (hoy asesora del gobernador) por dejar que los Derechos Humanos bajo su tutela se violen sistemáticamente; Gabriel Chagra Dib, Enrique Heredia y Roque Mascarello (también funcionario de Romero) por intervenir desde Salud Pública con tibieza frente a semejante tragedia humanitaria. Presente en ambas gestiones y más preocupado por los números que por las personas Fernando Yarade sintetiza la responsabilidad gubernamental por las penurias de la gente del norte y también de la Puna y los altos Valles de Salta.

Oriundos del norte salteño y figuras importantes de la política salteña de los últimos largos años, los ex vicegobernadores Andrés Zottos y Miguel Isa, el senador Mashur Lapad (tercera autoridad de la provincia desde hace alrededor de 20 años) y el senador nacional y ex intendente de Tartagal durante 10 años, Sergio Leavy, son responsables por acción u omisión. Dueños de gestiones muy poco trasparentes y, sobre todo, incapaces de garantizar el elemental derecho al agua potable, los ex titulares de la Secretaría de Recursos Hídricos y de la empresa provincial Aguas del Norte, Alfredo Fuertes y Lucio Paz Posse, también son responsables. Sobre todos ellos y otra decena de ex funcionarios de los últimos largos gobiernos recae la oprobiosa responsabilidad de las muertes evitables en el norte salteño. También sobre algunos empresarios bancarios, mediáticos, hoteleros y de la construcción que agigantaron sus fortunas con dineros públicos.

Responsabilidad que también alcanza a las autoridades federales, con Cristina Kirchner y Mauricio Macri como referencias fáciles de identificar, por nunca garantizar los derechos humanos (consagrados en la Constitución Nacional desde 1994) de los pueblos originarios. Un solo dato confirma el desprecio de los gobiernos federales por las comunidades indígenas: sancionada en noviembre de 2006, la Ley 26.160 que declara la “Emergencia en Materia de Posesión y Propiedad de las Tierras que Tradicionalmente Ocupan las Comunidades Indígenas Originarias del País” nunca se cumplió y, por ejemplo, el relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas nunca se terminó.

Enorme desafío

Como nuevo gobernador de la provincia Gustavo Sáenz enfrenta el enorme desafío de garantizar los derechos humanos históricamente negados e incorporar a la historia moderna a las abandonadas comunidades del norte provincial. De su voluntad y decisión política depende.

La presencia e influencia en su equipo de gobierno de Roberto Dib Ashur y de Pamela Calletti y, sobre todo, la participación de Abeleira en una de las primeras reuniones de gabinete ampliado y la negativa a denunciar en sede judicial la ausencia de los datos de Primera Infancia y el ocultamiento sistemático de las muertes por desnutrición (o causas vinculadas a la extrema vulnerabilidad social) en los últimos años no son buenas determinaciones. Si lo son la exposición pública y sin eufemismos de esa dramática situación y su presencia inmediata en ese territorio arrasado.

Terminar con el cinismo de sus antecesores y, además, sumar al presidente Alberto Fernández y a los ministros y secretarios nacionales a una estrategia constante y coherente, y no sólo de coyuntura, de intervención en el abandonado norte de la Patria debe ser la tarea más importante de su gestión de gobierno.

 

Fuente: Gonzalo Teruel para QPS

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