Se conoció otra grave acusación contra el coordinador administrativo del Gobierno de Sáenz, con similares características a las dos anteriores. El modelo de adulación o sometimiento del Gobierno salteño comienza a ser desafiado.
El pasado 21 de abril, Jorge Nicolás Demitrópulos, coordinador administrativo del Gobierno de Salta, sumó una nueva denuncia en su contra, habiendo sido acusado de: a) acoso laboral y violencia Institucional, b) persecución laboral, c) discriminación laboral, d) incumplimiento de funciones laborales, e) Incumplimiento de Acto Administrativo, f) Desviación de Poder, g) abuso de poder, h) abuso de autoridad, i) entorpecimiento laboral.
Un total de nueve cargos fueron presentados en instancias administrativas contra el funcionario que ostenta la cima de las decisiones administrativas y se jacta de un poder que tarde o temprano hallará su límite, está siendo acusado por maniobras ilegales que acompaña con cierto ensañamiento que impacta directamente en la vida de las víctimas y sus familias.
Paralelamente, Eilif Risse, secretario de Gestión de Recursos Humanos del Gobierno de Salta, también fue denunciado como como participe, encubridor y colaborador de los delitos antes mencionados.
La denuncia fue formulada ante el subsecretario de Recursos Humanos de la Provincia, Matias Albrecht, por parte de una empleada pública provincial de planta permanente del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Salta y si bien fue formulada ante dependencias provinciales, la mujer dejó asentada la reserva de inicio de acciones judiciales por los daños y perjuicios ocasionados.
“Desde hace aproximadamente dos años vengo siendo víctima de una situación sistemática de acoso laboral, persecución y violencia institucional ejercida por un funcionario de jerarquía dentro de la administración pública”, indica la trabajadora en la presentación, aportando que tal persecución se manifiesta con la negativa reiterada e injustificada a cumplir con autorizaciones de exteriorización en la Escala Salarial de la Administración Pública e incremento salarial, ya que trabaja hace 20 años y está en lo más bajo de la misma, por imposición constante de excusas infundadas y dilaciones administrativas.
“Todo esto ocasiono en mi vida un entorpecimiento deliberado de actos administrativos, incluyendo resoluciones y decisiones vinculadas a mi situación laboral”, se advierte en la presentación.
La mujer, a quien se le obstaculizó la afectación (traslado temporario) a la Defendoría General de la Provincia, dependiente del Ministerio Público, planteó con contundencia que tal situación le “ha generado un perjuicio económico concreto, derivado del incumplimiento reiterado de los incrementos salariales oportunamente autorizados por la autoridad competente, privándome de ingresos legítimos durante un período prolongado, con el consiguiente impacto en mi estabilidad financiera.(hoy afrontando préstamos del Banco solicitados para cubrir gastos, deudas de alquiler, etc.)”
Además, se deja notificación de un grave deterioro en sus condiciones laborales, “al impedir el normal desarrollo de mis funciones, obstaculizar decisiones administrativas que me beneficiaban y someterme a un contexto de incertidumbre permanente respecto de mi situación dentro de la administración”.
“En el plano personal, esta situación ha generado una afectación en mi salud psíquica y emocional, manifestada en estrés, ansiedad, angustia y desgaste emocional, como consecuencia del hostigamiento sostenido y la falta de respuestas institucionales adecuadas”, se indica.
La presentación fue acompañada de fundamentos jurídicos de legislación nacional vulnerada, como así también de derechos constitucionales avasallados. Días atrás se conocieron las denuncias contra Jorge Nicolás Demitrópulos, acusado por persecución laboral por parte de otros dos trabajadores estatales provinciales, la abogada Débora Ramírez, del ministerio de Economía y el administrativo Carlos Estrada, del ministerio de Desarrollo Social.
En los tres casos, el denominador común es la impunidad del poder concentrado en una figura que ha logrado reunir la sumatoria de las decisiones administrativas que se ubican en una jerarquía superior a la de los ministerios y hasta incluso de la propia Jefatura de Gabinete, pero que sin embargo nadie lo votó.
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