La deuda equivale a un año de tratamiento para 300 pacientes. Pagos en cuotas, cheques diferidos y pérdida del 40% dejan un sistema al borde del colapso total.
Las entidades privadas de diálisis en Salta atraviesan una situación crítica que combina atraso estatal, pagos licuados por inflación y decisiones sanitarias difíciles de explicar. Según denuncian desde el sector, el Gobierno provincial mantiene una deuda de $2.000 millones con los centros, una cifra que equivale a la atención de 300 pacientes durante un año completo.
El problema no es solo el monto, sino la forma en que se paga. Prestaciones realizadas en junio del año pasado comenzaron a saldarse recién ahora, mediante cheques diferidos que cubren apenas el 80% de lo adeudado y sin ningún tipo de actualización. En términos reales, la pérdida ronda el 40%. Traducido: el Estado paga tarde, mal y licuado.
“Esto es algo excepcional, muy raro. Nunca tuvimos esta situación”, advirtió en De Eso se Trata, por FM Infinito, Mario Espeche, presidente de la Asociación de Centros Privados de Diálisis de Salta (CEPRIDIASA), quien además detalló el impacto concreto: dificultades para pagar sueldos, recortes operativos y hasta la imposibilidad de seguir atendiendo pacientes.
La ecuación es asfixiante. Entre el descuento inicial y los costos financieros de hacer efectivo el cheque, los prestadores ya resignaron cerca de un 30% y podrían perder otro 10%. En un sector donde los insumos son mayormente importados y los costos son elevados, el margen directamente desaparece. “Tenemos que sostener una prestación súper compleja, de altísima inversión, en estas condiciones”, explicó Espeche.
El dato que termina de pintar el cuadro es político: mientras acumula deuda con quienes sostienen el sistema, el Gobierno provincial decidió crear nuevos centros de diálisis en ciudades donde ya existían, en lugar de expandir la cobertura a zonas donde no había ninguno. “¿Dónde está la estrategia?”, se preguntó el propio Espeche.
Con el 40% de los pacientes provenientes de PAMI —otro actor con demoras crónicas—, la red de diálisis se sostiene con lo justo. Pero la combinación de atraso estatal, pagos degradados y planificación errática empieza a mostrar fisuras. Y en este caso, no se trata de números: se trata de tratamientos que no pueden esperar.