La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada el 18 de febrero de 2008, que daba cuenta que en la Delegación Salta de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se otorgaban ilícitamente jubilaciones a personas extranjeras, identificadas con documentación falsa y que en la maniobra estaría involucrado un estudio jurídico ubicado cerca de las oficinas de ANSES donde la abogada Alicia Mercedes Abán- vinculada a las huestes urtubeicistas hoy en el Frente Fuerza Patria- era quien realizaba las gestiones para conseguir la documentación.
No era cualquier movida. En febrero de 2011, un hombre se presentó en la Fiscalía para contar su historia: había iniciado el trámite de jubilación, se lo rechazaron, y personal de la misma ANSES le recomendó buscar a Abán para “solucionarlo”. La contactó, pero ella jamás le inició el trámite. Eso sí, le cobró honorarios. Como él no podía pagar, Abán le ofreció un “plan de pagos” a través de una cooperativa.
Ahí estaba la trampa: con la excusa de iniciar el trámite, Abán pedía toda la documentación de sus clientes y la usaba para sacar créditos a su nombre en una cooperativa. La plata quedaba para ella como “honorarios”, y las cuotas se descontaban directamente de las jubilaciones de las víctimas. La jugada se repitió al menos seis veces.
No trabajaba sola. En 2008, según la investigación, contó con la ayuda de Silvia Leal en Cafayate. Ella recibía la documentación de futuros jubilados, les hacía firmar papeles en blanco y esos papeles terminaban siendo contratos de crédito.
Las pruebas eran tan claras que en octubre de 2015 el fiscal federal Ricardo Toranzos pidió llevarla a juicio: Abán como autora de defraudación por abuso de firma en blanco en seis oportunidades, y Leal como cómplice en uno de los casos.
Esa es la hoja de ruta judicial de quien tendría vínculos con el urtubeiscismo. El pasado está documentado, con expediente y acusación firmada. Pero, pese a la gravedad de los hechos y a que se probó que las maniobras fueron reiteradas, el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta —siguiendo la opinión del fiscal Francisco Snopek— concedió a ambas imputadas la probation por un año. La “pena” acordada: pagar el equivalente a cuatro jubilaciones mínimas, fijar residencia y hacer 16 horas mensuales de tareas comunitarias en un comedor.
Ahora, con la probation, las dos mujeres evitarán la condena y, si cumplen las condiciones, el proceso quedará extinguido. Para los familiares de las víctimas, es una señal de impunidad. Para los que conocen la historia, es también la confirmación de que, una vez más, los que tenían amigos en el poder lograron salir casi ilesos.